Según el Sindicato minero, el reservorio Viña Blanca, ocupado más de 50 días por los comuneros, tiene la válvula dañada y un forado en un muro de contención.
El Sindicato de Trabajadores de la mina Cuajone, propiedad de Southern Copper, en Moquegua, denunció, mediante un comunicado, que el reservorio Viña Blanca, que abastece de agua a más de 5 mil habitantes del campamento minero, se encuentra seriamente dañado luego del retiro de los comuneros que habían bloqueado el suministro.
Según la información difundida, la válvula de control de paso del agua se encontró dañada, por lo cual se tuvo que “cambiar algunos componentes”. Además, las instalaciones se encontrarían afectadas.
“Se ha encontrado un forado en uno de los muros de contención y por ahí se ha verificado una fuga de agua”, señaló Juan Carlos Mamani, representante de los trabajadores de Cuajone, en el comunicado.
Por otro lado, debido a todo el tiempo de bloqueo por parte de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, que inició a fines de febrero pasado, el agua estuvo estancada; por lo que, según precisó Mamani, tendrán que pasar “algunos días” antes de volver a abastecer a los miles de habitantes de la zona minera.
“Se le tiene que hacer un análisis y tratamientos adecuados para que el agua pueda llegar a la población de manera adecuada y con una calidad para el consumo humano”, explicó.
Vale decir que el campamento minero tiene “cinco instituciones educativas y un hospital”, por lo que, la falta de agua por más de 50 días, afectó seriamente la calidad de vida de la población.
Tregua
Como se sabe, el pasado 28 de febrero, cientos de pobladores de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala bloquearon la línea férrea de Southern Perú, a la altura del túnel R2, y el suministro de agua del reservorio de Viña Blanca.
Frente a la situación, el pasado miércoles, el Consejo de Ministros aprobó la declaratoria del estado de emergencia en la provincia de Mariscal Nieto de la región Moquegua; por lo cual las comunidades campesinas suscribieron un acta con representantes del Ejecutivo, del gobierno regional y de los trabajadores mineros, comprometiéndose a levantar sus medidas de fuerza por un plazo de 15 días.
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