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Contraloría pone en marcha campaña 'Tips de control' en procesos electorales

Los funcionarios o servidores públicos infractores podrían recibir la inhabilitación del ejercicio de la gestión pública de 3 a 5 años.
Los funcionarios o servidores públicos infractores podrían recibir la inhabilitación del ejercicio de la gestión pública de 3 a 5 años. | Fuente: RPP

Lo que se busca es reducir el uso inadecuado de los bienes y recursos del Estado por parte de los funcionarios y servidores públicos.

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La gerente de Denuncias de la Contraloría General de la República, Patricia Guillen, informó que se ha iniciado la campaña “Tips de control” mediante la cual se hacen doce recomendaciones sobre el uso adecuado de bienes y servicios públicos en procesos electorales.

Como es el uso adecuado de bienes y servicios públicos en procesos electorales; prohibición de realizar proselitismo político y abusar del cargo para fines políticos; deber de actuar con neutralidad; discreción en el ejercicio de la función pública; prohibición de obtener beneficios o ventajas indebidas.

Además, el deber de cumplir la función pública con responsabilidad; uso adecuado del cargo público; impedimentos para contratar con el Estado; uso adecuado de vehículos oficiales; prohibición de hacer mal uso de la información privilegiada; prohibición de incurrir en actos de nepotismo y prohibición de mantener conflicto de intereses.

Lo que se busca es reducir el uso inadecuado de los bienes y recursos del Estado por parte de los funcionarios y servidores públicos, así como promover el control ciudadano sobre estos bienes y servicios, si se dieran de una forma inadecuada.

Otras infracciones son el alquiler de infraestructura pública o uso de locales u oficina de entidades públicas, por lo general suelen hacer uso de lozas deportivas o colegios donde inducen a través de mensajes a la preferencia de un partido político.

Indicó que otros casos son la propaganda en obras que buscan resaltar el nombre de la autoridad, colores o lema que termina identificando a un partido político, la cual debe ser retirada de forma inmediata.

Precisó que tras las alertas ciudadanas, se toma conocimiento de esto, se investiga, se recolectan pruebas y de comprobarse califica como una infracción grave, que puede llevar a la inhabilitación del ejercicio de la gestión pública de 3 a 5 años, y esto también podría ser elevado al Jurado Nacional de Elecciones para que sea evaluado dentro de sus competencias.

 

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