Seis muertos y más de 30 heridos dejó protesta.
El "Azangarazo" fue una protesta social contra la contaminación de la cuenca Ramis por la minería ilegal. | Fuente: Rpp/Referencial

A través de la Disposición Fiscal N° 015 – 2015, el Ministerio Público de la provincia de San Román (región Puno) a dispuso a formalización de la denuncia y continuación de la investigación preparatoria del caso “Azangarazo” ocurrido el 24 de junio del 2011 en Juliaca.

La disposición la emitió el fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, quien tomó el caso a partir de junio de este año luego que su colega Nancy Vargas Arenas quien recién se inhibiera del proceso al ser cuestionada por dilatar el proceso por supuestamente querer favorecer a uno de los implicados.

La denuncia sindica como presuntos coautores del delito contra el cuerpo y la salud en su modalidad homicidio calificado al ex jefe de la Cuarta Brigada de Montaña de Puno, Willman Andia Benavides; el jefe policial Herber Rosas Bejarano y

También están denunciados el coronel PNP Manuel Guillén Jaro, el ex jefe de la División Policial de Juliaca, Enrique Dávila Ordoñez, el coronel Oscar Daniel Espinoza herrera en calidad de jefe operativo.

Todos estos mandos policiales y militares deberán responder por la muerte de Félix Edwin Hirpanoca Turpo, Petronila Ccoa Huanca De Quispe, Raúl Cancapa Huaricallo, Antonio Campos Huanca y Gregorio Huamán Mamani.

Asimismo la disposición fiscal establece formalizar la denuncia contra el ex alcalde provincial de Azángaro, Efraín Murillo Quispe; el ex dirigente, Julián Hanco Callohuanca; el expresidente de la Central de Barrios de Juliaca, Francisco Lope; el ex dirigente de Carabaya, Sabino Soncco.

Estas autoridades y dirigentes fueron denunciados por el delito de daño agravado contra la propiedad privada, principalmente por los desmanes que se ocasionaron en las instalaciones del aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca.

Cabe mencionar que esta protesta social inició semanas del 24 de junio, motivado por la contaminación que sufrían los pobladores de la cuenca del río Ramis causada por la minería ilegal y que tuvo una lenta atención del estado hasta que cobró seis vidas humanas y más de 30 heridos.