William Castillo, abogado de Alberto Fujimori, pidió este domingo al juez Segundo Baltazar Morales establecer “jurisprudencia” en torno a la solicitud de arresto domiciliario de su patrocinado, a fin de que el expresidente reciba ese beneficio.
“Sería la primera vez que en el Perú se sentara una jurisprudencia que va ayudar no solo a Alberto Fujimori, sino también a tantas personas que necesitan ese fallo”, expresó.
En entrevista a RPP Noticias, aclaró que el pedido de arresto domiciliario “es absolutamente diferente al del indulto”, ya que este era “una decisión política”.
“El juez está por encima del bien y del mal y tiene que pensar en el ser humano y en la vida”, sostuvo; al mismo tiempo, refirió que el magistrado “no puede actuar de ninguna manera basado en la presión”.
“Se pretende intimidar al juez para que no piense imparcial e independientemente”, mencionó en otro momento.
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El letrado invocó al titular del Juzgado Supremo de Instrucción ordenar que Fujimori cumpla en arresto domiciliario el resto de la condena a 25 años de cárcel que se dictó en su contra en 2009 al señalar que su defendido “lleva casi 8 años preso, tiene 71 años y (sufre) una serie de enfermedades”.
“Estamos apelando a la discreción y al criterio de conciencia”, subrayó Castillo Dávila.
Asimismo, anunció que, si el juez Morales Parraguez declara improcedente el pedido de Alberto Fujimori, interpondrá una apelación.
“Además frente a esa negativa (en relación al fallo) nos queda la posibilidad de una acción de garantía que iría incluso al Tribunal Constitucional”, agregó.
Como se sabe, Fujimori cumple una sentencia de 25 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia, ocurridos durante su gobierno.
El exjefe del Estado también cumple otras sentencias menores por delitos de corrupción y actualmente afronta un nuevo proceso por su presunta responsabilidad en la entrega de dinero estatal para comprar la línea editorial de “diarios chicha”.
