Acusación contra juez San Martín sería improcedente, señalan

Según dijo el abogado del IDL, es "absolutamente común y frecuente" que los jueces o fiscales formulen consultas a otros magistrados.
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La acusación presentada por la defensa del expresidente Alberto Fujimori contra el juez César San Martín por las consultas que hizo a juristas españoles vía correo electrónico, sería improcedente al carecer de fundamentos, sostuvo el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal.

Según dijo, es "absolutamente común y frecuente" que los jueces o fiscales formulen consultas a otros magistrados a profesores de universidades nacionales o extranjeras sobre asuntos jurídicos que tengan relevancia en un juicio.

En el caso Fujimori, refirió, se hizo la consulta sobre los términos de la imputación que fue planteada por el Ministerio Público, lo que no implica falta alguna.

"No hay mérito para que se abra un proceso disciplinario contra el magistrado, que ya aclaró que la consulta fue sobre los términos de la imputación y no sobre criterios de sanción o valoración de pruebas presentadas en el juicio", enfatizó.

Dijo, además, que dicho tema salió a la luz tres años atrás y, según recordó, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió de oficio una  investigación que fue finalmente archivada.

"Más allá de eso, la razón de la queja o acusación no amerita, bajo ninguna circunstancia, la apertura de un proceso disciplinario", añadió Rivera.

Explicó, no obstante, que en estos casos CNM puede recibir la acusación y remitirla a la comisión de procesos disciplinarios, que debe convocar al magistrado involucrado para que presente sus descargos y sobre esa base decidir si abre proceso.

Fujimori, a través de una cuenta que se le atribuye en Twitter, indicó que denunció a la sala presidida por San Martín por "inconducta funcional, violación a la Constitución y la ley  ante el CNM".

El 7 de abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, que presidía César San Martín, condenó al expresidente a 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos y secuestro.

El exmandatario fue señalado como autor mediato de la comisión de delitos de homicidio calificado por el caso de los estudiantes de La Cantuta y el de Barrios Altos.

ANDINA