El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, indicó que una sentencia buena para el Perú es que no le se exija el pago de reparaciones civiles a favor de los familiares de los emerretistas abatidos.
El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, dijo que se mantiene incólume el optimismo en torno al fallo que hará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Chavín de Huántar, y señaló que la sentencia será buena si no toca a los comandos que actuaron en la operación de rescate y si no fija pagos de reparaciones.
"Será una buena sentencia si conseguimos dos cosas: que de ninguna manera se toque a nuestros héroes comandos Chavín de Huántar y que de ninguna manera se establezca contra el Estado el pago de reparaciones a familiares de presuntas víctimas ni a las ONG que los han patrocinado", declaró a la Agencia Andina.
Aspiró, además, a que luego del fallo se termine con la persecución que han sufrido los comandos por varios años, y que se entienda que el agredido en este caso fue el Estado y la sociedad peruana producto de la violencia terrorista.
Tras reiterar que espera que a los comandos se les absuelva de cualquier responsabilidad, expresó su confianza en que futuras decisiones de la Corte IDH contextualizarán con las circunstancias que vivió el país a raíz del terrorismo.
"No dudo de que se absolverá al Estado en otras causas, no solo en el caso Chavín de Huántar", insistió el titular de Justicia.
Adrianzén recordó que la posición del Gobierno siempre fue sólida a favor de la defensa de los comandos, al destacar que el Presidente Ollanta Humala dio desde un inicio instrucciones claras para ejercer la defensa.
Mencionó que hace más de tres años, cuando fue designado procurador público del Ministerio de Defensa, fue testigo de la voluntad y el compromiso político hacia los comandos de aquella operación de rescate.
"No se escatimó esfuerzo alguno para ejercer la defensa legal. Como abogado de los comandos no tuve ningún tipo de limitación para ejercer la defensa", indicó.
Dijo también que se trajo a los mejores médicos forenses del mundo y a especialistas en técnica y táctica militar que sustentaron ante la corte el desarrollo de la operación, y se consiguió el testimonio del embajador japonés, en cuya casa tuvo lugar el secuestro a cargo de un grupo del MRTA.
"Los comandos, después de 15 o 16 años, sintieron que un gobierno se ponía de pie para defenderlos. Muchos me hicieron saber que sentían el compromiso a favor de su defensa", manifestó Adrianzén.
Asimismo ratificó que desde un primer momento se confió en su inocencia y se tiene la absoluta certeza de que hicieron una operación impecable en la que la misión era solo rescatar rehenes y no matar terroristas.
Chavín de Huántar fue la operación de rescate de los rehenes capturados por miembros del Movimiento Terrorista Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador de Japón en Lima. Fue llevada a cabo por comandos del Ejército el 22 de abril de 1997.
Familiares de algunos de los terroristas muertos en esta operación, como el del "camarada Tito", llevaron el caso ante la Corte IDH, argumentando ejecuciones extrajudiciales, algo rechazado por el Estado peruano.
Por otro lado, el ministro consideró que se hizo una lectura parcial del electo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, respecto al caso Chavín de Huántar.
Indicó que Eguiguren contextualizó el caso y se remitió a antecedentes en el sistema interamericano que lo hacían creer en la orientación que podría tener el fallo, la cual no desea ni promueve.
ANDINA