"Al ministro Cateriano no le alcanza (la acusación constitucional) porque en el tiempo que era agente, era funcionario que no era pasible del beneficio del antejuicio", expresó el parlamentario José Velásquez.
El congresista aprista, Javier Velásquez Quesquén, descartó este martes una acusación constitucional contra el ministro de Defensa Pedro Cateriano, por la reunión con el titular del Poder Judicial (PJ) sobre el caso Chavín de Huántar, porque en ese entonces era un funcionario público sin derecho al antejuicio.
"Al ministro Cateriano no le alcanza (la acusación constitucional) porque en el tiempo que era agente, era funcionario que no era pasible del beneficio del antejuicio", expresó.
El fin de semana último se difundió un audio de una reunión en mayo de 2012 entre los entonces presidente del PJ, César San Martín; el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, la jueza Carmen Rojjasi, y Cateriano cuando era agente peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La referida reunión fue interpretada por un sector de la oposición como una supuesta interferencia del gobierno en las decisiones del Poder Judicial, pero fue rechazada enfáticamente por el Ejecutivo, al precisar que se trataba de una reunión de coordinación de defensa del Estado peruano.
El legislador Quesquén, empero, señaló a un canal de cable local que su grupo político presentará una moción de interpelación al jefe del Gabinete ministerial, Juan Jiménez Mayor, y al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, por la referida reunión.
Indicó que este pedido de interpelación va en paralelo al pedido de la bancada fujimorista "que va a plantear una acusación constitucional, al primer ministro porque habría incurrido en infracción a la constitución".
Por su parte, el vocero de la bancada de Perú Posible, José León, señaló que no encuentra irregularidad alguna en la referida reunión por tratarse de coordinaciones.
"No hubo interferencia ni el efecto que presuntamente se estuvo buscando. No encuentro nada irregular porque si el Estado es parte de esta investigación puede hacer reuniones de coordinación”, dijo a RPP.
En octubre del 2012, una sentencia del Poder Judicial descartó responsabilidad alguna en ejecuciones extrajudiciales, de los 142 comandos del Ejército que rescataron el 22 de abril de 1997 a 72 rehenes en manos de terroristas del MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima.
ANDINA
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