Archivan denuncia contra ministro de Economía y dos magistrados del TC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia constitucional presentada por diez congresistas contra el ministro de Economía, Luis Carranza Ugarte y el ex titular de esa cartera, Luis Valdivieso Montano.

Dicho grupo de trabajo consideró por unanimidad que no hubo infracción a los artículos constitucionales relacionados a la homologación de las remuneraciones de los profesores universitarios.

El informe de calificación señala que el pago de las remuneraciones, homologadas con las de los magistrados judiciales, no se viene incumpliendo sino, aplicando de manera gradual y progresiva.

La denuncia había sido presentada por los legisladores Werner Cabrera (GPN), Carlos Cánepa La Cotera (UPP), Eduardo Espinoza Ramos (UPP), Antonio León (BP), José Saldaña (BP), Pedro Santos (GPN), Isaac Serna (UPP), José Urquizo (GPN), Rafael Vázquez (GPN) y José Vega Antonio (UPP).

Igual suerte corrió la denuncia constitucional presentada por la ciudadana Graciela de Losada Marrou de Tudela contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda y Carlos Mesía Ramírez,  por la supuesta infracción de la Constitución.

La denuncia señalaba que se había producido infracción constitucional de los miembros del TC al haber emitido sentencia declarando fundada la demanda de hábeas corpus presentada por Francisco y Juan Felipe Tudela Van Breugel-Douglas, ya que se habría avocado a la causa de interdicción planteada por los hermanos Tudela y que se encuentra aún pendiente de resolver en el Poder Judicial.

Asimismo, señala que "se habría vulnerado los principios de deber de motivación y de juez imparcial, al haberse 'parcializado' con los demandantes sin tener pruebas a favor del sustento del hábeas corpus otorgado".

En ese mismo sentido, la denunciada indicó "que se habría infringido el derecho constitucional de la inviolabilidad de domicilio al ordenar fundado que los hermanos Tudela ingresen al domicilio de su padre y que interactúen con él, sin considerar que el propio padre decidió no ver a sus hijos".

El informe de calificación sostiene que los magistrados del TC actuaron conforme a su competencia por considerar, de manera primordial, "que la integridad personal y la libertad individual, se encuentran directamente vinculadas con la institucionalidad familiar, lo cual es un principio base que influye de manera determinante en el libre desarrollo de los seres humanos".