Congresista aprista explicó que si en su redacción la citada norma tiene imprecisiones usadas por procesados que buscan la impunidad, lo correcto es su derogatoria.
La ex ministra del Interior y congresista, Mercedes Cabanillas rechazó que el Decreto Legislativo 1097 sea una amnistía disimulada para procesados por abusos a los derechos humanos como lo declaró la candidata a la alcaldía de Lima, Susana Villarán.
Cabanillas explicó que si en su redacción la citada norma tiene imprecisiones y ambigüedades, lo correcto es su derogatoria.
"La posición sustentada por el Gobierno es la de derogar el Decreto Legislativo 1097, si éste en su redacción trajo ambigüedades o imprecisiones que podrían malinterpretarse. Entre ellas que puedan ser usados por personas que enfrentan procesos por violación a los derechos humanos, buscando un manto de impunidad", enfatizó en diálogo con RPP.
Asimismo, sostuvo que en el otro extremo dicho decreto no está buscando que se viole el derecho al debido proceso que tienen militares y miles de policías que en cumplimiento de la Constitución se enfrentaron contra el terrorismo y luego fueron imputados. "Algunos de repente con justa razón. Entonces, tampoco podrían ser ellos víctimas de procesos dilatados de 8, 10 o 11 años en la etapa de la investigación".
Cabanillas explicó que si en su redacción la citada norma tiene imprecisiones y ambigüedades, lo correcto es su derogatoria.
"La posición sustentada por el Gobierno es la de derogar el Decreto Legislativo 1097, si éste en su redacción trajo ambigüedades o imprecisiones que podrían malinterpretarse. Entre ellas que puedan ser usados por personas que enfrentan procesos por violación a los derechos humanos, buscando un manto de impunidad", enfatizó en diálogo con RPP.
Asimismo, sostuvo que en el otro extremo dicho decreto no está buscando que se viole el derecho al debido proceso que tienen militares y miles de policías que en cumplimiento de la Constitución se enfrentaron contra el terrorismo y luego fueron imputados. "Algunos de repente con justa razón. Entonces, tampoco podrían ser ellos víctimas de procesos dilatados de 8, 10 o 11 años en la etapa de la investigación".
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