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Los cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) asumieron un vago compromiso por limitar el gasto militar, aunque sí su firme decisión de promover en la región la transparencia en la adquisición de armamentos.

La Declaración de Lima, aprobada por aclamación al término de la XL Asamblea General de la OEA se ha quedado a mitad de camino de lo que quería Lima, pues su propuesta inicial era mucho más enérgica y rotunda y abogaba por una reducción del armamentismo en la región.

En el texto final, la palabra reducción ha desaparecido y en su lugar los cancilleres únicamente han admitido hablar de "limitar".

La declaración parte de la campaña que inició el presidente Alan García para poner "freno al armamentismo" y forjar un "pacto de no agresión" para limitar el gasto militar y la adquisición de armas, por lo que Perú había utilizado un lenguaje bastante más contundente.

En su lugar proponía dedicar mayores recursos al desarrollo.

De hecho, en su discurso de inauguración volvió a afirmar que en un continente pacífico como el americano no se justifica el gasto militar que actualmente registra.

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, en inglés), las transferencias de armas hacia Suramérica se incrementaron en un 150 por ciento durante los últimos cinco años, lo que refleja una tendencia al alza tanto en gasto militar cono en órdenes de compra en la región.

Sin embargo, no parece que demasiados países compartan con García esa visión, a la vista de la declaración descafeinada que han negociado.

Si bien Perú no ha logrado un lenguaje tan directo como hubiera deseado, sí ha conseguido sus objetivos principales.

Pero también los demás países han conseguido reivindicar principios y derechos.

Venezuela, Nicaragua, Brasil, Bolivia y Ecuador no han logrado introducir un párrafo que afirmaba que la presencia de fuerzas militares extranjeras no debe suponer amenaza alguna a la soberanía e integridad de los Estados y en consecuencia a la paz y la seguridad en la región.

Este apartado es una clara referencia al acuerdo que el año pasado alcanzó EE.UU. con Colombia para usar hasta siete bases militares de ese país, lo que generó tensiones con la región.

Un total de doce países, entre ellos EE.UU., rechazaron incluir el párrafo.

En su lugar, Caracas logró introducir el artículo 19 de la Carta de la OEA que establece que ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente (...) en los asuntos internos o externos de cualquier otro.

Ello excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de los elementos políticos, económicos y culturales que constituyen ese Estado.

Al final, los Estados miembros reafirman que tienen el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y definir las estrategias para hacer frente a las amenazas.

Pero refrendan el compromiso de continuar realizando esfuerzos para limitar los gastos militares, manteniendo una capacidad que corresponda a sus legítimas necesidades y promoviendo la transparencia en la compra de armamentos.

Asimismo, invitan a los Estados que no lo hayan hecho a suscribir o ratificar la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales (CITAAC).

También se percatan de la importancia de fomentar condiciones que permitan limitar el uso para fines militares de recursos que podrían destinarse al desarrollo.

En este sentido subrayan la importancia de seguir promoviendo un ambiente propicio para el control de armamentos, la limitación de armas convencionales y la no proliferación de armas de destrucción masiva para dedicar un mayor número de recursos a su desarrollo económico y social.

EFE