Una sanción de 15 días de aislamiento y una regulación severa del régimen de visitas tendrá Antauro Humala en el penal de Piedras Gordas durante seis meses, informó el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren.
Eguiguren precisó que sólo se permitirá la visita de los familiares directos del líder etnocacerista durante estos 15 días de aislamiento que concluirán el 15 de diciembre, y que a un máximo de tres podrán llegar las visitas diarias que recibirá durante los siguientes seis meses.
El ministro de Justicia brindó estas declaraciones al presentarse en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, a donde fue citado para explicar los supuestos privilegios de los que gozaría el hermano del presidente de la República.
Explicó que el Comité Técnico Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) aplicó esta sanción a Humala, por usar indebidamente un celular y brindar declaraciones periodísticas.
“Está prohibido el uso de celulares (en los penales). Si alguien está utilizando celulares, está infringiendo las normas. Las entrevistas o declaraciones han sido de una manera no autorizada o indebida”, aseveró.
Afirmó que a todos los presos del país se les brinda un tratamiento igualitario, al descartar la existencia de internos privilegiados. "Pueden suponer lo que deseen, pero lo cierto es que a nadie se le trata con privilegios y la muestra de ello es que son sometidos a la disciplina penitenciaria".
Por otro lado, manifestó que el condenado expresidente Alberto Fujimori se encuentra en la misma condición carcelaria en la que se hallaba cuando el gobierno de Ollanta Humala asumió la conducción del país. Agregó que continuará así mientras se respeten las medidas de orden y disciplina de su reclusión en el penal de Barbadillo.
“Sólo él es un expresidente de la República en un estado delicado (…) Cuando ha requerido de un tratamiento especial, se le ha trasladado al Hospital de Enfermedades Neoplásicas”, subrayó el ministro Eguiguren.
Finalmente, descartó el pago de una indemnización a los familiares del emerretista chileno Jaime Castillo Petruzzi, como parte de reparaciones por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Enfatizó que la reparación civil al Estado que deben efectuar los sentenciados por terrorismo es muy superior a la eventual indemnización que se les tendría que otorgar.
