El caso Lava Jato puso al descubierto vacíos en el financiamiento de campañas políticas que habrían dado lugar a delitos. La Comisión de Constitución del Congreso de la República viene debatiendo los artículos los cambios que se darán en el financiamiento de campañas electorales a partidos políticos.
A poco tiempo de iniciar la campaña electoral, el presidente de la comisión de Constitución del Congreso de la República, Omar Chehade, dijo que en septiembre presentarán el predictamen que regula los aportes a los partidos políticos. “Lo que vamos a presentar es que haya un control concurrente, los partidos deben declarar en el momento de la campaña, para transparentar los dineros privados que vayan llegando”, aseguró a RPP Noticias.
En el portal de la ONPE se señala que los partidos políticos pueden recibir aportes de privados “Constituidos por las cuotas y aportes de sus afiliados, por los ingresos resultantes de sus actividades, por los rendimientos patrimoniales, créditos que concierten, donaciones y otros ingresos”. La finalidad es que lo recolectado sea invertido en actividades “De funcionamiento ordinario y de campañas durante los procesos electorales en que participen, de acuerdo a las condiciones previstas en la Ley de Partidos Políticos y en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios”.
CAMPAÑAS SIN DINERO DE LA CORRUPCIÓN
Hace unos días, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, discrepó con los congresistas que defienden el proyecto de ley que plantea la suspensión y cancelación de inscripción a partidos que reciban financiamiento de la corrupción. Para el titular de la institución debe ser el Poder Judicial quien defina si hubo o no aportes ilícitos que tuvieron como fuente actos de corrupción. “¿Cuándo ha habido un proceso penal y se ha determinado que el financiamiento proviene de la corrupción? Tendría que esperarse a un proceso penal para recién declarar la ilegalidad por conducta antidemocrática y el partido podría seguir operando”.
Para Ticona, solo si las organizaciones reinciden en infracciones graves a la normativa de financiamiento partidario sería factible su cancelación durante dos años. Como alternativa, según lo amerite el caso, los partidos políticos podrían recibir sanciones progresivas. “Desde la pérdida del financiamiento público, la inmovilización de la partida registral o la suspensión o cancelación de su inscripción”, sostuvo.
Para Walter Albán, miembro de Proética, Lava Jato puso en evidencia vacíos muy graves en la normatividad peruana. “No se establecía claramente los límites de los aportes y sobre todo la situación que se produjo cuando las empresas podían transferir recursos sin que eso fuera registrado y transparentado”.
“De manera preocupante, con una cada vez más creciente economía ilegal, es decir, dinero que viene del narcotráfico, lavado de activos, del tráfico de personas, de la minería ilegal... creo que eso es lo que explica también por qué la política peruana se ha degradado tanto. Yo creo que hace rato en la política peruana lo que prevalece son conflictos de interés”, añadió, Albán.
Durante la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento se debatió la viabilidad de los proyectos de ley 2513/2017-CR, 5284/2020-CR, 5371/2020-CR y 5793/2020-CR, sobre el financiamiento de las organizaciones políticas.
Opiniones de los políticos
Consultamos a integrantes de algunos partidos políticos que participarían en las elecciones generales del 2021. Desde el Frente Amplio, el excongresista Marco Arana dijo a RPP Noticias que el caso Lava Jato “ha deteriorado y ha generado una falta de credibilidad y legitimidad en las organizaciones políticas que necesitaron recurrir a empresas, que usaron dinero de la corrupción a cambio de favorecerlas luego con leyes. El mensaje que se ha lanzado es que los políticos se pueden alquilar o vender, le ha hecho mucho daño al sistema de partidos políticos y a la democracia”.
Para el Frente Amplio aún hay vacíos respecto de las sanciones para las agrupaciones políticas que caigan en estos delitos: “Nosotros estamos planteando un proyecto de ley para reducir al mínimo el aporte privado y transparentar al máximo. Nosotros decimos que si el partido infringe y la ONPE coloca una multa, en realidad debería llevar una sanción para inhabilitar en el próximo proceso electoral a los partidos, de tal manera que se lo tomen en serio, no como está sucediendo ahora”, indicó Marco Arana.
El Secretario General del Partido Morado, Rodolfo Pérez, asegura que ahora mismo en el Congreso, existen empresas que financian partidos políticos: “No quita que haya influencia de lo privado sobre lo público. Nosotros lo vemos en el Congreso, hay grupos políticos que están financiados por entidades privadas, universidades. Creemos que se ha dado un paso importante para restringir la influencia de empresas que tienen interés en la política, como las empresas constructoras que tienen influencia en obras públicas, en licitaciones, pero creo que debemos entender que hay otras formas en las que lo privado tiene intereses que lindan con la corrupción o la ilegalidad”, sostuvo.
En el Partido Morado proponen que el reporte de los gastos de campaña sea constante. “Antes la rendición de cuentas era periódica, ahora es al final de la campaña, entonces, eso al final no permite a la ciudadanía en tiempo real fiscalizar los ingresos de los candidatos y partidos políticos. La transparencia en la política debe ser una actividad continua, no debe ser una actividad que a través de la ley genere vacíos legales. A nivel legislativo no hemos cubierto todos los vacíos que genera el financiamiento político, y creo que debemos de transitar a un sistema donde lo privado tenga un rol menor”, dijo.
Para el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, el caso Lava Jato tendrá efectos en el financiamiento privado a partidos políticos. “Tiene que haber límites, no puede suceder lo contrario porque sino, por ejemplo, el primer grupo económico de un país favorece a un candidato, mientras que el candidato que no tiene simpatías de ese empresario, porque afecta sus intereses, no va a recibir nada”.
Tras Lava Jato los fondos recolectados de los privados para las campañas van a disminuir definitivamente, afirma García Belaúnde. “Va a disminuir bastante, pero hay que evitar los ingresos subterráneos que van a aparecer siempre, y eso hay que evitarlo poniendo límites y parámetros. Lo que se está haciendo es nivelar la cancha para todos. Nadie debe tener un financiamiento especial, hay que poner topes para todos, tanto de índole personal como empresarial”.
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