Compra inmobiliaria por suegra de Toledo debe ser investigada, afirman

La compra de inmuebles por parte de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), es una operación sospechosa que debe ser investigada, sostuvo exprocurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia.

“Como siempre hemos señalado, esta es una operación sospechosa, todavía no tenemos los elementos para calificarla como operación ilícita, pero sí como operación sospechosa, por lo que tiene que ser necesariamente investigada”, afirmó.

Según informes periodísticos, Eva Fernenbug adquirió una casa en Las Casuarinas, zona residencial del distrito de La Molina por un valor cercano a los cuatro millones de dólares, y una oficina en el distrito de Surco por 834 mil dólares.

Revelaciones posteriores, indicaron que Fernenbug constituyó una empresa en Costa Rica llamada Ecoteva, que recibió un préstamo del Scotiabank por unos tres millones de dólares; y que la cancelación de la vivienda provino de transferencias de bancos en Estados Unidos.

“Primero lo que surge es, si hay un préstamo de tres millones de dólares de una entidad bancaria de Costa Rica, ¿Por qué hay que hacer el pago mediante transferencias de entidades bancarias de Estados Unidos?”, se preguntó.

El exprocurador señaló que básicamente se trata de una investigación financiera para determinar el origen del dinero, y para ello existen los medios y mecanismos, con los documentos de la compra de los inmuebles y de constitución de las empresas.

Indicó que el fiscal a cargo del caso, debe solicitar al juez en el país el levantamiento del secreto bancario, para que a su vez un juez federal de Estados Unidos, disponga que los bancos estadounidenses brinden toda la información para identificar el titular de la cuenta y de dónde viene el dinero.

Por otro lado, señaló que el segundo objeto de investigación es precisar quién es el verdadero propietario del inmueble, y para ello se debe investigar los títulos e hipotecas.

“Esclarecido estos dos elementos, lo que podemos ya tener es si existen indicios o elementos razonables de comisión de algún delito, que puede ser lavado de activos, si es que se determinan que estos dineros procederían de un acto delictivo”, puntualizó.

Andina