Condicionan Ley de Consulta a que niegue derecho a veto de indígenas

El Poder Ejecutivo de Perú anunció hoy que no promulgará la Ley del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas hasta que recoja expresamente que las comunidades consultadas no tendrán derecho a veto, por lo que devolvió el texto al Congreso para que sea modificado para tal fin.

A través de un oficio rubricado por el presidente del país, Alan García, y el primer ministro Javier Velásquez Quesquén, el Ejecutivo peruano señaló al Congreso ocho observaciones a la ley que fue aprobada por la Cámara el pasado 19 de mayo y que tenía como objetivo definir el derecho de los indígenas a ser consultados sobre proyectos de minería o hidrocarburos en sus territorios.

Entre ellas destaca la que dice que "es necesario que la ley establezca, de forma expresa, que el resultado del proceso de consulta previsto no limita, suspende ni prohíbe al Estado adoptar decisiones que tengan por finalidad garantizar el interés general de la Nación".

Así, esta ley, que era considerada por las organizaciones de pueblos indígenas peruanas una victoria lograda tras años de lucha y reivindicaciones, queda estancada cuando se esperaba su próxima entrada en vigor.

El texto del Ejecutivo reconoce y defiende "la importancia de la consulta a los pueblos indígenas y originarios", pero deja claro que el Gobierno no quiere perder su capacidad final de decisión sobre los importantes proyectos de minería e hidrocarburos que se desarrollan o pueden desarrollarse a futuro en la selva peruana.

Para defender su posición, el texto del Ejecutivo señala que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Perú ha suscrito y sobre el que se basa la Ley de Consulta, "no confiere a los Pueblos Indígenas ninguna prerrogativa sobre los demás miembros de la nación".

"El texto de la Ley mantiene la misma ambigüedad del propio texto del Convenio 169", agrega el texto del Ejecutivo, que señala que muchas organizaciones han usado esta lectura ambigua para crear "falsas expectativas en la población".

Entre los otros puntos que el Gobierno pide modificar al Congreso también se encuentra el procedimiento propuesto, que "implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país".

El Ejecutivo también pide a los congresistas aclarar la definición de pueblos indígenas, ya que esta incluye a las comunidades campesina andinas y costeñas, algo que el Gobierno cree puede llevar a que personas se aprovechen de este derecho a la consulta.
EFE