Parlamentario nacionalista presenta proyecto que modifica artículo 132 del Código Penal donde propone penar actos delictivos con servicio comunitario o días-multa.
El congresista del Grupo Parlamentario Nacionalista, Santiago Gastañadui, presentó el proyecto de ley 1622/2012-CR, el cual elimina del Código Penal la pena privativa de libertad para los delitos de difamación cometidos a través de libros y medios de comunicación.
La iniciativa legislativa –que fue presentada ante la Comisión de Justicia del Parlamento--, busca modificar el artículo 132 del Código Penal para sustituir la represión de los mencionados delitos con prestación de servicio comunitario o en su defecto con días-multa.
“El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta para perjudicar su honor o reputación, será reprimido con prestación de servicio comunitario de cincuenta jornadas y con cien días-multa”, dice la propuesta.
Por este mismo concepto, en la actualidad el Código Penal estipula pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa.
El proyecto plantea, además, que si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social (modalidad agravada), este será reprimido con servicio comunitario de trescientos cincuenta jornadas o con ciento veinte días-multa.
La norma vigente contempla pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de 120 a 365 días-multa.
“La libre expresión es uno de los derechos fundamentales y sancionar a las personas por eso resulta lesivo a la integridad de los seres humanos”, señaló Gastañadui.
El legislador recordó que tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sostiene que nadie puede ser molestado por causa de sus opiniones.
Acotó que tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes, la Carta Africana y la Convención Europea coinciden en que toda persona puede opinar y de recibir o comunicar informaciones o ideas sin injerencia de autoridades públicas.
Como se recuerda, la Comisión de Constitución debatió hace dos semanas un proyecto de reforma constitucional, el Nº 460/2011-CR, cuyo propósito era derogar los delitos cometidos por la prensa.
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