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por Redacción RPP
·El titular de comisión investigadora, Jhony Peralta, lamentó que congresistas den discursos contra la corrupción, pero ante informes bien fundamentados, se coluden y deciden rechazarlos.
El Pleno del Congreso desaprobó por mayoría el informe final sobre las razones de la venta de las acciones de la empresa PetroTech al grupo coreano Colombo, pero inmediatamente se presentó un pedido de reconsideración.
El documento fue desestimado por 32 votos en contra, 27 a favor y una abstención.
El presidente de la comisión investigadora, Jhony Peralta, consideró como una mala señal dicho resultado, toda vez que es una señal del "Parlamento hacia el país, pues muchos congresistas dan amplios discursos de lucha contra la corrupción, pero cuando se presentan informes bien fundamentados se ponen de acuerdo, se coluden y deciden rechazar el informe".
En diálogo con RPP, explicó que varios ex ministros y funcionarios fueron considerados en la materia de investigación.
Entre ellos figuran los ex ministros de Energía, Daniel Hokama, Jorge Chamot, Jaime Quinjandría y Carlos Herrera, este último "por no cumplir a plenitud con su labor y detener un proceso de arbitraje en curso que habría perjudicado al Estado".
El caso ha sido trasladado a la Sunat y a la Contraloría General de la República para que, desde sus competencias, revisen el informe y sus hallazgos y actúen como corresponda.
El documento fue desestimado por 32 votos en contra, 27 a favor y una abstención.
El presidente de la comisión investigadora, Jhony Peralta, consideró como una mala señal dicho resultado, toda vez que es una señal del "Parlamento hacia el país, pues muchos congresistas dan amplios discursos de lucha contra la corrupción, pero cuando se presentan informes bien fundamentados se ponen de acuerdo, se coluden y deciden rechazar el informe".
En diálogo con RPP, explicó que varios ex ministros y funcionarios fueron considerados en la materia de investigación.
Entre ellos figuran los ex ministros de Energía, Daniel Hokama, Jorge Chamot, Jaime Quinjandría y Carlos Herrera, este último "por no cumplir a plenitud con su labor y detener un proceso de arbitraje en curso que habría perjudicado al Estado".
El caso ha sido trasladado a la Sunat y a la Contraloría General de la República para que, desde sus competencias, revisen el informe y sus hallazgos y actúen como corresponda.
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