Congreso tiene la obligación moral de elegir en 2015 a Defensor del Pueblo

El Congreso de la República tiene la obligación moral de elegir en 2015 al nuevo Defensor del Pueblo y aprobar las reformas políticas y electorales, porque la ciudadanía y el país entero así lo esperan, afirmó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte.

Consideró que se trata de dos temas "importantísimos" que en el nuevo año deben ser asumidos de manera impostergable por el Parlamento, en particular por la Mesa Directiva, dado que al cierre de la legislatura de 2014 estos no pudieron ser aprobados y, por tanto, continúan pendientes.

En el caso de la elección del nuevo titilar de la Defensoría del Pueblo, Omonte recordó que hace pocos meses se acortó la amplia lista de nombres que en un inicio se barajaban para suceder en el cargo Eduardo Vega, de modo tal que estimó factible concretar dicha elección en 2015.

"Estamos a un paso de darnos esa oportunidad como país y de tener ya a un Defensor del Pueblo elegido y en funciones de manera oficial", manifestó la ministra y también congresista de la República, en diálogo con la Agencia Andina.

Otro reto fundamental, agregó, debe ser la aprobación en el Congreso de las propuestas de reforma política y electoral aún pendientes, tales como la eliminación del voto preferencial, el financiamiento público a partidos políticos, la ley de revocatoria, entre otros. 

"Este debe ser otro de los pedidos en favor del país, del sistema democrático y de la estabilidad democrática. Que se pongan a debate y se aprueben estas reformas. Muchas instituciones y organismo también han hecho un llamado en esa línea", expresó la funcionaria.

Lamentó que durante el año 2014 dichas reformas no hayan sido una verdadera prioridad para el Poder Legislativo, por lo que dijo esperar que este año puedan ser abordadas de forma preferente, a fin de avanzar en la institucionalidad del país.

Cabe mencionar que existe en el ámbito del Congreso un proyecto de ley al respecto, presentado en forma conjunta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

ANDINA