A partir del caso de corrupción y de la red criminal en la Presidencia Regional de Áncash, se ha destapado una serie de situaciones que implican investigaciones fiscales y procesos judiciales en, al menos, 19 gobiernos regionales en el país.
La mayoría de los funcionarios son acusados por los delitos de peculado, colusión, malversación de fondos y negociación incompatible, en procesos de licitación, contratos con empresas privadas y adjudicaciones de obras públicas.
Detenido por coima
A la fecha,el presidente regional de Pasco, Klever Uribe Meléndez Gamarra, y su asesor, Juan Boza Pulido, se encuentran recluidos en requisitorias de Lima. Principalmente, las autoridades acusan a estos funcionarios de haber recibido una coima de 100 mil dólares para otorgar la buena pro de una obra pública a una empresa en particular.
Además, presumen que existen irregularidades en el proyecto de mejoramiento y ampliación del hospital regional Daniel Alcides Carrión y en una licitación de servicios de saneamiento a favor del primo de la novia de Meléndez.
Buscado por la justicia
Gerardo Viñas, presidente del Gobierno Regional de Tumbes, está prófugo de la justicia. Las autoridades determinaron su detención preliminar por 24 horas debido a que se le abrió una investigación por una venta subvaluada de más 35 hectáreas de terrenos eriazos.
Asimismo, el Segundo Juzgado Penal de Investigación preparatoria del Poder Judicial dictaminó cinco meses de prisión preventiva contra Viñas Dioses. La autoridad habría confabulado con Corporación Gráfica Chamaco S.A.C. para firmar contratos que no cumplían con los requisitos de ley y estarían perjudicando a la región de Tumbes por más de 142 mil soles.
El caso no solo implica al máximo cargo. También se encuentran bajo la misma situación el ex director regional de Agricultura, Jorge Herrera Regalado; el director de Competitividad Agraria, Juan de Dios Periche Paiva; entre otros funcionarios.
Otros casos
Juan Guillén Benavides quien preside el gobierno regional de Arequipa posee cinco casos en investigación y dos en un proceso judicial. La Fiscalía de la Nación asegura que existen irregularidades al otorgar por vía directa y no por licitación la construcción de la carretera La Joya y Puente Chilina.
En el caso del gobierno regional de Loreto, el presidente Iván Vásquez posee graves denuncias principalmente por el llamado ‘tren fantasma’, una obra prometida por esa gestión que ha generado un gasto de 16 millones de dólares, pero donde aún no existen rieles, rutas ni vagones.
