Se evidenció perjuicio económico al Estado, indicios de comisión de delito, así como irregularidades de carácter administrativo funcional, informó la Contraloría.
La Contraloría General de la República detectó 14 casos con indicios de comisión de delitos en agravio del Estado, durante su labor de control en el Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur) que desplegó acciones en las ciudades afectadas por el terremoto de 2007.
Según informó la institución, en la etapa de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo, como Cañete, Pisco e Ica, se puso en marcha una estrategia de control gubernamental basada en dos elementos.
El primero fue el control preventivo con veedurías en los procesos de selección y ejecución contractual de las obras, con la finalidad de advertir a los titulares de las entidades sobre los riesgos detectados que podrían afectar los objetivos de los proyectos.
Como segundo elemento, se realizó el control posterior con exámenes, auditorias financieras y acciones especiales, donde se revisaron y analizaron las operaciones efectuadas por las entidades, a fin de verificar el adecuado uso de los recursos públicos, así como atender las denuncias recibidas sobre presuntas irregularidades.
El resultado de estas labores de control gubernamental, realizadas desde el inicio del proceso de reconstrucción, es la emisión de 184 informes, en algunos de los cuales se evidenció perjuicio económico al Estado, indicios de comisión de delito, así como irregularidades de carácter administrativo funcional.
Por ejemplo, de los 184 informes emitidos, 138 contienen el reporte de los riesgos detectados en las veedurías, los cuales fueron consolidados en 2 informes adicionales.
Los otros 46 informes emitidos son el resultado de exámenes especiales y atención de denuncias realizadas.
La Contraloría precisó que en 22 de estos informes se encontró responsabilidad administrativa, en 8 se identificó responsabilidad civil y en 14 se detectaron indicios de comisión de delitos en agravio del Estado.
“En estos casos, se impulsaron las acciones administrativas y legales correspondientes”, precisó la institución.
Andina
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