Defensoría: Conflictos sociales están con tendencia a la baja

Los conflictos sociales en el país, de junio a la fecha, están con una tendencia a la baja afirmó hoy la Defensoría del Pueblo, al señalar que se debe afianzar la política de prevención, así como la calidad de los procesos de diálogo.

El defensor adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, Rolando Luque, destacó una disminución de unos 17 casos en los últimos siete meses.

Luque remarcó que el peor momento para negociar es después de producirse un hecho de violencia, porque los acuerdos que se obtienen en ese tipo de tratativas, bajo presión, son pocos razonables y frágiles.

Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer los procesos de prevención y dar tratamiento oportuno a las demandas antes de los estallidos sociales.

Refirió, que los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos y los más complejos, entre ellos: Conga y Espinar.

No obstante,  resaltó el acuerdo que se logró en Moquegua, en el caso del proyecto Quellaveco, con la empresa Anglo American.

El defensor adjunto señaló que con la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) existe un trabajo más organizado y transparente en el manejo de los conflictos.

Para potenciar la labor destinada a contrarrestar los índices de conflictos sociales en el país, Luque manifestó que se debe poner mayor atención, en primer lugar, en el tratamiento de los casos individuales.

“Si bien la apuesta es por el diálogo, ahora hay que mejorar la calidad de los procesos”, acotó.

Asimismo, dijo, la intervención de mediadores es positiva cuando la negociación directa no brinda los resultados esperados.

Luque expresó la necesidad de introducir cambios en el escenario mismo del país, lo que se logra mediante políticas públicas adecuadas.

“Por ejemplo, es una buena noticia la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).”

Este organismo, explicó, será encargado de aprobar los estudios de impacto ambiental que ya no van a estar a cargo de los ministerios, sino -detalla- de un ente altamente técnico, con una composición multisectorial.

Andina