Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recordó que el gobierno firmó en 2006 el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura.
Un mecanismo nacional contra la tortura demandan las cientos de víctimas que han sido agredidas de forma física y verbal o que han sufrido vejación sexual.
Un caso emblemático es el de Luis Alberto Rojas Marín, de 26 años, quien en febrero del año 2008 sufrió una salvaje tortura y hasta fue violado debido a su opción sexual. Sus verdugos fueron tres policías del distrito de Casa Grande, en Trujillo, que no contentos con golpearlo durante horas, le introdujeron una vara de reglamento por el recto.
La justicia peruana ha archivado el caso, pero este ha sido llevado hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ha recibido la petición, y están a la espera de que el organismo se pronuncie en favor de Rojas Marín demandando al Estado peruano garantizar los derechos fundamentales del joven.
Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo en RPP Noticias que hace falta un mecanismo nacional para prevenir la tortura.
Indicó que el gobierno peruano firmó en 2006 el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura, pero hasta ahora no lo pone en práctica.
Explicó que el Estado debe implementar mecanismos y monitorear diferentes instituciones como comisarías y cuarteles, para que no se vuelvan a repetir casos como los de Luis Alberto Rojas Marín
Subrayó que el ente que debería asumir este mecanismo es la Defensoría del Pueblo.
No obstante, Silva Santisteban refirió que todo está estancado porque el Ministerio de Justicia ha pedido a la Defensoría que acepte el encargo "sin presupuesto" con la promesa que después serán dotado de fondos.
Sin embargo, la Defensoría se ha negado y piden presupuesto.
"Yo pienso en que es un momento de crecimiento del Perú, que tenemos buenas posibilidad, de verdad que se puede abrir una partida para este mecanismo”, opinó.
Agregó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también conoce de casos de agresiones en cuarteles.
"Este mecanismo lo que tendría que hacer plantear a personas que vayan y monitoreen comisarías, cuarteles, etc.", concluyó.
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