Las cuencas corrientes de Pastaza, Tigres y Marañón, así como la zona de los ríos Nanay y Amazonas, están contaminados por la actividad petrolera, así lo denunció la parlamentaria Verónika Mendoza Firsch.
Precisó que una comitiva del Congreso viajó del lunes 25 al miércoles 27 a las zonas de contaminación de las cuencas del Pastaza, Tigre y Corrientes, coordinadas previamente con Pluspetrol y los monitores ambientales.
"Hemos viajado a raíz de las quejas que recibimos el año pasado de las Federaciones Indígenas de Loreto y visitado a las comunidades y hemos visto que hay pasivos ambientales que se consideran remediados pero no lo están", señaló a RPP Noticias.
Según el informe emitido por la comisión, tras la reunión con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) con Apus y dirigentes de Comunidades de Nanay, Amazonas y Marañón, después de 40 años de explotación petrolera se constató que hay contaminación de ríos y lagunas que afectan la alimentación y la salud de las comunidades nativas.
"No hay un control ambiental por parte de las autoridades. Hay muchas zonas afectadas que no son reportadas. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) es responsable de los permisos para sísmica y perforación petrolera en el Área de Conservación Regional Alto Nanay, beneficiando a la empresa Conoco Phillips", precisa.
Asimismo, en Andoas, la comitiva se dirigió a la laguna de Chanchococha, donde constató la existencia de contaminación con petróleo. "La empresa señaló que esta laguna no había sido reportada y en consecuencia no estuvo dentro de los compromisos del PAMA ni del Plan de Ampliación Complementario (PAC) y su existencia es anterior a la presencia de Pluspetrol (presente en Loreto desde el año 2000), sin embargo, señalaron que trabajará con las comunidades en la remediación de Chanchococha".
"Hay deficiencia en el tema de la remediación. Se cubren con arena, se plantan cinco árboles y luego aflora nuevamente el crudo", explicó la exparlamentaria de Gana Perú.
Manifestó que el Estado no tiene conocimiento de lo que está pasando por lo que no puede garantizar una adecuada fiscalización.
En ese sentido advirtió al Gobierno que se producen conflictos sociales debido a que no se escucha el llamado de las comunidades que piden una solución a este problema ambiental que afecta gravemente la flora y fauna de la zona.
