Entra en vigor el decreto 1102 que ha causado protestas de los mineros informales de Madre de Dios y de otras regiones. Ejercer esta actividad sin permisos será castigado hasta con 10 años de prisión.
La minería ilegal, hasta ahora una falta administrativa en el país, se convierte en un delito punible con penas de cárcel a partir de este viernes 16 de marzo cuando entra en vigor el decreto que ha generado violentas protestas en Madre de Dios.
El Decreto Legislativo N° 1102 contempla el castigo a actividades como la exploración, extracción, explotación u otros actos similares de recursos minerales que no tengan las autorizaciones correspondientes ni un informe técnico favorable del Ministerio de Energía y Minas.
El Ejecutivo, con facultades especiales otorgadas por el Congreso para legislar sobre minería ilegal, promulgó una serie de decretos para penalizarla, apoyar mayores medidas de control y fiscalización de los productos químicos que necesita, mercurio y cianuro entre ellos, y promover el ordenamiento y el registro de la minería a pequeña escala.
En su modalidad agravada, la minería ilegal puede ser castigada hasta con 10 años de cárcel por operar en zonas no permitidas o en áreas naturales protegidas, por utilizar dragas y por afectar sistemas de agua destinados al consumo humano, entre otras circunstancias.
Los funcionarios públicos que autoricen de forma indebida actividades mineras también podrán ser privados de su libertad hasta por seis años.
También, se autoriza el decomiso, destrucción de maquinaria, equipos e insumos químicos utilizados en las actividades ilegales.
LAS PROTESTAS
Miles de mineros ilegales se han movilizado desde la semana pasada para pedir la anulación de los decretos que, según ellos los criminaliza y afecta su derecho al trabajo, aunque han reconocido que contaminan el ecosistema.
A esta protesta, especialmente intensa en Madre de Dios, se han sumado mineros ilegales de Piura, La Libertad, Puno y Apurímac.
En las manifestaciones del último miércoles, fallecieron tres personas en la ciudad de Puerto Maldonado, durante los enfrentamientos con la policía.
Las protestas se han suspendido y se está a la espera de que se abra un diálogo entre los manifestantes y las autoridades.
En Madre de Dios se vive una "fiebre del oro" que ha hecho que miles de mineros busquen el metal en sus ríos y afluentes, y que en el proceso erosionen la selva y viertan al agua mercurio y cianuro, según registran fotografías aéreas, análisis de universidades, ONG internacionales e instituciones públicas.
En un acta, firmada el pasado 28 de febrero entre representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Regional de Madre de Dios, se estableció un plazo de 12 meses para aplicar un plan de formalización de la minería en la zona.
APOYO DEL CONGRESO
El pleno del Congreso respaldó el trabajo desarrollado por el Gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso y las medidas que está aplicando para combatir la minería ilegal que causa contaminación y genera delitos conexos.
El respaldo fue expresado por el primer poder del Estado a través de la aprobación de una moción multipartidaria en la sesión vespertina del pleno.
La moción -presentada tras el informe que brindó el ministro del Interior, Daniel Lozada, sobre los sucesos de violencia en Madre de Dios y las acciones contra la minería ilegal- lamenta lo sucesos registrados en la paralización de los mineros ilegales de la mencionada ciudad.
Asimismo, reitera la necesidad de buscar la paz social en el país, defender a al población y enfrentar la minería ilegal y sus perjuicios conexos con las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo.
De acuerdo al texto de la iniciativa, el Parlamento expresa “su rechazo frontal a las acciones de violencia y abogan por la primacía del diálogo a fin de resolver los conflictos sociales”.
EFE/ANDINA
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