Las investigaciones han permitido detectar al menos a 31 personajes que actúan como testaferros de la presunta red delictiva liderada por el prófugo abogado Rodolfo Orellana, reveló la procuradora contra el lavado de activos y pérdida de dominio, Julia Príncipe.
Durante su presentación ante la comisión del Congreso que investiga este tema, advirtió la existencia de elementos para determinar que los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana lideran una organización delictiva relacionada al lavado de activos.
Anotó que con ese fin habrían constituido empresas inmobiliarias, de inversiones, y empresas editoriales.
Para Príncipe, la presunta red de Orellana cuenta con una estructura de carácter técnico compuesta por abogados, notarios y registradores, y otra de carácter empresarial, conformada por sus testaferros y estudios legales.
Agregó que este aparato también está estructurado por un grupo encargado de amedrentar y difamar y que incluso realiza acciones de reglaje e interceptación telefónica.
Entre los integrantes de esta organización mencionó a Raúl y Manuel Orellana, Esther Morales (actual pareja) Elena Ramos (exesposa), a los testaferros Hermógenes Cabrejos, Carlos López, Humberto Velásquez, Jorge Flores, Jerson Zapata y William Zenobio, entre otros.
Asimismo, explicó que entre las empresas constituidas con fines delictivos, figuran Orellana Grupo Inmobiliario, Orellana Abogados Consultores SAC, Norte Perú Inversiones Mineras SAC, Miraflores Corporación Radial y UCON.
Príncipe Trujillo también anotó que la presunta red habría cometido apropiación de inmuebles, defraudación al Estado, lavado de activos, tala y minería ilegal e interceptación telefónica.
BENEDICTO JIMÉNEZ Y REVISTA JUEZ JUSTO
Remarcó que la organización está relacionada con trabajadores del Poder Judicial, gobiernos regionales y municipalidades provinciales.
Asimismo, informó que el coronel en retiro, Benedicto Jiménez, lidera las campañas de intimidación efectuada por medios de comunicación como la revista Juez Justo, en contra de funcionarios que obstaculizan la labor del grupo liderado por Orellana.
Ante la comisión especial que preside el legislador Vicente Zeballos, la funcionaria refirió que esta labor de amedrentamiento ha sido apoyada por el congresista Heriberto Benítez.
Informó que su despacho ha realizado acciones de coordinación con funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera para recabar información del caso y con los representantes del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) a fin de obtener datos sobre las cartas fianzas emitidas.
Andina
