El congresista descartó que la promulgada ley sea una norma con nombre propio. Dijo que las críticas no tienen sustento jurídico y están cargadas de intereses políticos.
Las críticas a la ley que precisa la aplicación de beneficios penitenciarios para delitos graves, promulgada este domingo, "no tienen ningún sustento jurídico", afirmó el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el legislador opositor Juan Carlos Eguren.
Subrayó que esa norma fue aprobada sin cuestionamientos en el Congreso e indicó que las "pocas críticas" que existen sobre la misma, como las expresadas por el expresidente Alan García, vienen "cargadas de intereses políticos, odios o enfrentamientos contra el Poder Ejecutivo".
"(García) está utilizando ese tema políticamente con la intencionalidad de desacreditar la gestión de gobierno, eso es clarísimo. Esta ley se ajusta a derecho, las críticas carecen de sustento legal", manifestó.
El exgobernante criticó esa norma mediante su cuenta de Twitter y la denominó Ley Antauro.
Eguren descartó que esa norma tenga nombre propio esta ley y precisó que beneficia a unos 60 mil reos condenados por delitos graves, que aplicaron al sistema de beneficios penitenciarios, como estudio y trabajo, para revisar su pena.
Recordó que este derecho fue recortado de manera arbitraria cuando se endurecieron las sanciones contra el crimen organizado con efectos retroactivos, mediante la aprobación de un paquete normativo en la legislatura anterior.
En ese sentido, puntualizó la importancia de la presente ley porque corrige un error jurídico y deja sin efecto el principio de retroactividad maligna, aplicado en estos casos.
"No pueden haber normas que limiten derechos retroactivamente, porque eso constituye una violación fragrante a los derechos fundamentales, por eso se corrigió la ley", dijo.
Puntualizó que quienes sean condenados por delitos graves, a partir de la vigencia del mencionado paquete normativo, si estarán sujetos a las restricciones establecidas sobre los beneficios penitenciarios.
Según explicó, si el Parlamento no hubiese aprobado esta ley tendría potencialmente unas 60 mil denuncias de inconstitucionalidad y el Estado peruano otro número similar de demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de derechos fundamentales.
"Descarto al 100 por ciento que esta ley beneficie únicamente o esté orientada a Antauro Humala y lamento que García, que normalmente es una persona con buen criterio informado, en este caso, patine groseramente", manifestó.
ANDINA
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