Emplazan a presidente Humala ´dar la cara´ tras la denuncia de la CIDH

Tras la controvertida decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de solicitar a la Corte IDH abrir un proceso contra el Estado Peruano por no procesar en el fuero civil a los denominados Chavín de Huantar, surge un emplazamiento al presidente Ollanta Humala para que se pronuncie sobre el particular.

"Ya es momento de que el propio presidente haga una declaración al respecto. No se puede hacer el muertito, eso se lo dejamos a (Luis) Castañeda en su momento, pero el presidente tiene que sacar la cara, más aún siendo un militar que perdió en la guerra subversiva", expresó el almirante Luis Giampietri Rojas, exrehén de la Embajada de Japón.

Consideró también que el Estado debe parar, los que a su juicio son "negocios" emprendidos por ONGs como Aprodeh e IDL, que con su apoyo y defensa a los terroristas están distorsionando el verdadero respeto a los derechos humanos.

Si bien saludó que el ministro de Justicia, Juan Jiménez, haya anunciado que nuestro país interpondrá una nueva apelación en este caso, cuestionó el posible nombramiento de Walter Albán Peralta, representante Permanente ante la OEA, como el delegado del Perú para defender esta causa, "cuando es el principal acusador de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

"¿Una persona que no cree en la justicia militar cómo va a representarnos? Es un absurdo total. Me parece que es una agresión a las FF.AA. y al país", sentenció.

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A su turno, el exministro de Defensa, Ántero Flores Araoz, saludó la "rectificación" del sector Justicia, a través de su titular Juan Jiménez,  que ha adoptado una “posición firme” de rechazo a la denuncia de la CIDH.

Criticó la postura "blandengue" que tuvo el anterior ministro Francisco Eguiguren, quien al ordenar una prórroga para ver el caso Chavín de Huantar, generaba un "allanamiento tácito" a las recomendaciones de esta instancia supranacional, que desembocó en que el caso sea elevado ante la Corte IDH.

En esa línea asumió que el jefe de Estado debe haber dado la orden para el cambio de accionar en el Ministerio de Justicia, ahora al mando de Juan Jiménez.

"El presidente debe haber dado órdenes, porque si no, el ministro (Jiménez) no va a cambiar la ruta que el anterior (Eguiguren) había señalado", afirmó.

Flores Aráoz además advirtió que la Corte IDH está transgrediendo las normas de la propia CIDH al vulnerar las garantías judiciales, que señala que "el inculpado absuelto por sentencia firme, no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismo hechos".

Asimismo, advirtió la vulneración de la Constitución Política del Perú al sostener que ésta precisa la "prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada".

En su opinión, la CIDH no solo busca que los Chavín de Huantar sean nuevamente juzgados, pero esta vez en el fuero civil, sino que pretende incluir a los magistrados de la Corte Suprema que dirimieron la competencia para que este caso pase al fuero militar, y que además incluiría a los otros magistrados que absolvieron a los 143 comandos que gestaron la liberación de los rehenes cautivos en la Embajada de Japón.