El Gobierno recibió facultades del Congreso para hacer cambios en el Código Penal y, entre otras cosas, crear el delito de revelación de información reservada, una iniciativa que enciende las alarmas del derecho a la libertad de prensa.
El Gobierno alista la creación de un nuevo delito: la revelación de información reservada. Este nuevo tipo penal busca castigar al funcionario o servidor público que difunda investigaciones de carácter penal o actuaciones policiales, hechos ya sancionables en la vía administrativa. La diferencia es que ahora la difusión de dicha información, para el servidor público, podría significar no solo una amonestación sino la cárcel.
La iniciativa del Gobierno además propone la posible inhabilitación para laborar en la administración pública en caso exista una condena por dicho delito. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, explica que el objetivo de la norma es sancionar a quien filtra información para favorecer a quienes cometen un delito.
“Lo que se quiere es evitar que en las próximas oportunidades no exista sanción penal para aquellas personas que alertan a los investigados o a aquellas personas que deben ser detenidas por la fuerza pública en el ejercicio regular de una de un procedimiento judicial o de un procedimiento policial, y que escapan a la justicia por la delación, por la incidencia. Revisada la legislación, hemos encontrado de que existe sanción administrativa mas no sanción penal”, manifestó.
Pese a que el permiso concedido por el Congreso precisa que la norma deberá garantizar el derecho fundamental a la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional, los gremios periodísticos se mantienen en alerta. El motivo es que estas iniciativas legales, de manera directa o indirecta, podrían limitar su trabajo, según lo advierte Zuliana Láynez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
“¿Y qué van a hacer? ¿Se va a criminalizar o se va a penalizar solo al sujeto que revela o también al que difunde? ¿No? Y esas son las aclaraciones que son riesgosas para el ejercicio de la libertad de prensa, y por eso es que para nosotros es un deber encender las alarmas, porque subrayo, no es la primera vez que mediante un pedido de facultades se intenta amordazar a la prensa”, refirió.
La inminente creación del delito de revelación de información reservada se da, además, semanas después de que el Gobierno, mediante una resolución directoral de la Policía, clasificara como "reservadas", y por un periodo de cinco años, todas las denuncias contenidas en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (Sirdic), medida que entró en vigor en agosto de 2025.
Primero, las denuncias gestionadas por la Policía serán clasificadas como reservadas. Posteriormente, se creará un delito para castigar a quienes revelen dicha información. El jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez, precisa que un comité multidisciplinario determinará qué información merecerá ser considerada reservada.
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El trabajo periodístico y la reserva de sus fuentes de información están protegidos por la Constitución y las normas internacionales y querer controlarlos sería un riesgo a la democracia, recordó Gustavo Gutiérrez, magistrado del Tribunal Constitucional.
“La protección a la a la libertad de prensa y la confidencialidad y el secreto que deben ostentar los periodistas por ser la garantía de un sistema democrático no podrían estar sujetos a un control. Sería bastante peligroso, diría yo, pero lo que ocurre es que sí, que en efecto, acaba de decir, es una información reservada. Sí. Entonces, sí, pues, reservada significa que no puede ser divulgada en determinado momento. Por los funcionarios públicos. Claro, eso es técnicamente del funcionario tutelar, de quien le corresponde cautelar la reserva de un hecho, ¿no? Al periodista si consigo el dato, perfecto, no sé, el del dato es del periodista, y el periodista está exento de cualquier tipo de responsabilidad”, indicó.
La delicada línea entre la protección de las investigaciones por parte del Gobierno y una posible censura a la prensa demanda que los términos con que será creado el nuevo delito estén sometidos a la mirada del público. Solo a través de esta vigilancia se podrá garantizar el derecho fundamental de la población a estar debidamente informada.
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