Esperando el 28 de julio, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

La semana que comienza deberá definir las circunstancias en las que el presidente Vizcarra pronunciará en ocho días su tradicional discurso a la Nación. Hay por lo menos tres temas que esperan una aclaración inmediata: 1) el estado real de la pandemia en el Perú, 2) la actitud del Congreso hacia el Ejecutivo y 3) las tareas que el nuevo gabinete asumirá para dinamizar nuestra economía y destrabar los proyectos de inversión. Los otros temas, los institucionales y las reformas, requieren una maduración más lenta y dependen de la correlación de fuerzas políticas que se halla en plena evolución.

La pandemia ha entrado a una fase aguda en el Sur del país, sobre todo en Arequipa, donde estuvo ayer el presidente Vizcarra. El mandatario pudo escuchar de manera directa el reclamo de los médicos que piden personal, equipos y condiciones de trabajo dignas de los riesgos que corren. Otros sectores esperan la clarificación de las cifras epidemiológicas, sobre cuyo desfase hay ya un reconocimiento oficial. La inauguración del centro de salud Cerro Juli dio lugar también a la reaparición del invisible gobernador regional. Como en otros casos, el Estado parece llegar con retraso y con dificultades para disimular su falta de coordinación. En el caso de Arequipa, lo notable ha sido la organización de la sociedad civil, que ha sido capaz de crear un comité cívico que ha permitido el compromiso de ciudadanos para hacer frente a la tragedia.

Mientras tanto, Pedro Cateriano iniciaba su programa de reuniones con la mayoría de las bancadas, con el objetivo de integrar demandas en su exposición de política general y obtener el voto de confianza. A partir del 28, el presidente pierde la herramienta de la disolución constitucional. El último tramo de su mandato quedará marcado por la evolución de la pandemia, eventuales logros en la reactivación económica y la posibilidad de lograr consensos en el Congreso.

Pero al mismo tiempo, el primer ministro ha adelantado algunos objetivos que le parecen realizables: introducir contratos de gobierno a gobierno para facilitar el acceso de agua potable a ocho millones de peruanos, apoyo a la clase media, créditos para evitar la deserción escolar y universitaria, destrabe de proyectos en construcción, vivienda, irrigaciones y minería.

El economista Richard Webb publica una columna de opinión en El Comercio, bajo el título de El enemigo. Webb afirma que estamos luchando en dos guerras al mismo tiempo, contra el coronavirus y contra el colapso económico. Sostiene que las cifras extremadamente negativas en materia sanitaria y económica se atribuyen a un mismo factor: la legendaria informalidad peruana. Pero se pregunta, “si el enemigo está tan plenamente identificado, ¿por qué somos incapaces de vencerlo?”. ¿Por qué, en efecto, la informalidad ha seguido afectando a más 70% de los trabajadores, a pesar del salto productivo de los últimos años? Webb postula que no conocemos bien al enemigo. Por ejemplo, el estereotipo del vendedor ambulante solo representa a 10% de los informales, cuando la realidad es que un tercio trabaja en el campo, y muchos otros como choferes, trabajadores domésticos, cocineros, construcción e incluso “obreros contratados por el Estado sin ser formalizados”. Por eso concluye: “La informalidad es el enemigo, pero vencerlo pasa primero por entenderlo”.

Es imposible no pensar en las víctimas de la Policía Nacional sin sentir gratitud y estremecimiento. Una investigación de La República sostiene que más de 300 policías han fallecido víctimas del COVID-19, en general contraído por el contacto con la población para hacer respetar las consignas sanitarias. Y más de 19,000 policías han dado positivo en las pruebas de despistaje. Muchas muertes hubieran podido ser evitadas si los pacientes hubieran sido atendidos antes de que se agraven los síntomas.

Las cosas como son