Eventual contratación de abogado Nakazaki por el Estado crea polémica

La posible contratación por parte del Estado de César Nakazaki, abogado del ex presidente peruano Alberto Fujimori, para defender a unos 200 militares acusados de violación a los derechos humanos y por corrupción causó una fuerte polémica en Perú.

Nakazaki cobró especial notoriedad al defender a Fujimori en el histórico juicio que se le siguió por la matanza de 25 personas y dos secuestros durante su régimen (1990-2000), y en el que se le condenó en primera instancia a 25 años de prisión.

El titular de Defensa, Rafael Rey, anunció la semana pasada la eventual contratación de Nakazaki, aunque señaló que ésta se realizará "a pedido de ellos mismos (los militares procesados)" y su decisión se anunciará en los próximos días.

Hoy el primer ministro peruano, Javier Velásquez, dijo en declaraciones a periodistas que "no hay razón para que lo impidamos" si la designación de un estudio jurídico para la defensa de los militares (decisión que corresponde al Ministerio de Defensa) no contraviene la ley.

Velásquez subrayó que el Estado busca "contar con los servicios de profesionales muy competentes" y en ese sentido: "no miramos su pasado".

La eventual contratación del estudio Nakazaki & Sousa Abogados ha sido fuertemente criticada principalmente por el fiscal supremo Avelino Guillén y defensores de derechos humanos.

Incluso el ex primer ministro de Alan García, Yehude Simon, virtual candidato a las elecciones presidenciales de 2011, calificó hoy esta propuesta como "un gravísimo error".

El abogado Carlos Rivera, que representó a las víctimas de las matanzas en el juicio contra Fujimori, dijo hoy que Nakazaki perdió "el caso más importante de derechos humanos que existió en Perú", al referirse al proceso en el que se sentenció en primera instancia al ex presidente a 25 años de cárcel.

Rivera también cuestionó en una entrevista con una televisora local, el hecho de que uno de los socios de este estudio es el legislador fujimorista Rolado Souza y alertó de la posibilidad de contratar a un funcionario público.

Además de la defensa de Fujimori, Nakazaki también ha ejercido la representación legal del ex jefe del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, condenado por corrupción, y del ex alcalde de coronel Portillo (Pucallpa), Luis Valdez Villacorta, acusado de ordenar matar al periodista Alberto Rivera y acusado de ser narcotraficante.

La semana pasada, al ser consultado de esta virtual contratación, Nakazaki dijo: "si el presidente de la República (Alan García) tiene a bien contratarme, yo no tendría ningún problema".

El sábado pasado el diario La República publicó que se desconoce el monto que el Ministerio de Defensa pagaría por la defensa de los militares, aunque se cree que el contrato entraría con el presupuesto de 2010.

Por otro lado, el fiscal supremo Avelino Guillén, expresó el lunes que le parece "preocupante" que el Estado "tenga que sufragar los costos de la defensa de personas que están vinculadas por graves hechos de corrupción y por violaciones a los derechos humanos".

Asimismo Guillén señaló que casi la totalidad de militares procesados "están en situación de retiro, en consecuencia están desvinculados con el Estado y reciben una pensión por el trabajo que han desarrollado". EFE