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por Redacción RPP
·La representante legal de Aprodeh, Gloria Cano, explicó que los 21 acusados que pretenden acogerse a este decreto sostienen que la etapa de investigación ya prescribió.
Más de una veintena de integrantes del destacamento Colina y altos jefes militares juzgados por la matanza de 15 personas en Barrios Altos (1991) pidieron acogerse al polémico decreto legislativo 1097, que permite el sobreseimiento de juicios por crímenes de lesa humanidad, informaron fuentes legales.
El pedido fue formulado ante la Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima, que lleva desde hace más de cinco años el caso Barrios Altos, dijo a Efe la representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano.
El decreto legislativo 1097, que fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales, señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.
Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
Cano explicó que los 21 acusados que pretenden acogerse a este decreto sostienen que la etapa de investigación ya prescribió, pero para rebatir este argumento, la Fiscalía ha enfatizado que el proceso está en la etapa oral y por lo tanto no puede ser sobreseído.
La abogada manifestó que la parte civil también pidió ante esta sala que "se inaplique la norma porque contraviene las obligaciones internacionales del Estado peruano de investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos", tal y como ya ha señalado anteriormente el Tribunal Constitucional de su país.
Cano también subrayó que durante la etapa oral "ha habido una dilación articulada" por parte de los acusados, que no se presentaban a las sesiones, lo que ha dificultado el desarrollo de este proceso que lleva más de cinco años.
"Sin embargo, el derecho a la verdad y la justicia tiene que primar en un caso como este", acotó.
Los que han pedido acogerse a este decreto son el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército Juan Rivero Lazo, así como varios integrantes de Colina: Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra y Wilmer Yarlequé Ordinola, entre otros, detalló la abogada de Aprodeh.
El grupo Colina, al que se le atribuyen varias matanzas y asesinatos, fue creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) en el marco de la lucha contra el terrorismo.
Cano también subrayó que la abogada de Montesinos pidió hoy las copias certificadas del acta de la audiencia.
El decreto 1097 ha sido duramente criticado por defensores de los derechos humanos en Perú, ya que puede permitir que militares, policías y políticos implicados en graves crímenes ocurridos entre 1980 y 2003 no sean sentenciados.
Algunas organizaciones civiles han señalado que incluso el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad (que incluye la matanza de Barrios Altos), podría beneficiarse de estos nuevos decretos y abandonar definitivamente la prisión.
Por su lado, el fiscal Supremo de Perú, Pablo Sánchez, dijo que "preocupa desde el punto de vista procesal porque se está introduciendo una norma que prácticamente va a archivar todos los procesos que están en fase de investigación".
Sin embargo, Sánchez aclaró que el decreto no especifica si el sobreseimiento de una causa por violación a los derechos humanos se dé cuando comience la fase del juicio oral "solamente por vencimiento de plazo".
EFE
El pedido fue formulado ante la Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima, que lleva desde hace más de cinco años el caso Barrios Altos, dijo a Efe la representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano.
El decreto legislativo 1097, que fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales, señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.
Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
Cano explicó que los 21 acusados que pretenden acogerse a este decreto sostienen que la etapa de investigación ya prescribió, pero para rebatir este argumento, la Fiscalía ha enfatizado que el proceso está en la etapa oral y por lo tanto no puede ser sobreseído.
La abogada manifestó que la parte civil también pidió ante esta sala que "se inaplique la norma porque contraviene las obligaciones internacionales del Estado peruano de investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos", tal y como ya ha señalado anteriormente el Tribunal Constitucional de su país.
Cano también subrayó que durante la etapa oral "ha habido una dilación articulada" por parte de los acusados, que no se presentaban a las sesiones, lo que ha dificultado el desarrollo de este proceso que lleva más de cinco años.
"Sin embargo, el derecho a la verdad y la justicia tiene que primar en un caso como este", acotó.
Los que han pedido acogerse a este decreto son el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército Juan Rivero Lazo, así como varios integrantes de Colina: Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra y Wilmer Yarlequé Ordinola, entre otros, detalló la abogada de Aprodeh.
El grupo Colina, al que se le atribuyen varias matanzas y asesinatos, fue creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) en el marco de la lucha contra el terrorismo.
Cano también subrayó que la abogada de Montesinos pidió hoy las copias certificadas del acta de la audiencia.
El decreto 1097 ha sido duramente criticado por defensores de los derechos humanos en Perú, ya que puede permitir que militares, policías y políticos implicados en graves crímenes ocurridos entre 1980 y 2003 no sean sentenciados.
Algunas organizaciones civiles han señalado que incluso el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad (que incluye la matanza de Barrios Altos), podría beneficiarse de estos nuevos decretos y abandonar definitivamente la prisión.
Por su lado, el fiscal Supremo de Perú, Pablo Sánchez, dijo que "preocupa desde el punto de vista procesal porque se está introduciendo una norma que prácticamente va a archivar todos los procesos que están en fase de investigación".
Sin embargo, Sánchez aclaró que el decreto no especifica si el sobreseimiento de una causa por violación a los derechos humanos se dé cuando comience la fase del juicio oral "solamente por vencimiento de plazo".
EFE
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