En audiencia pública, afirmó que en mayo pasado informó a la entonces ministra de Justicia que personal de su sector estaba recopilando ´hechos falsos´ para incriminarlo.
En audiencia pública ante la Sala Penal Nacional, el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel, afirmó que en mayo pasado informó a la entonces ministra de Justicia, Eda Rivas, que personal de su sector estaba recopilando ‘hechos falsos’ para atribuirle los denominados ‘narcoindultos’.
"Le dije que su personal estaba visitando a expromotores (de la comisión de indultos) para acusarme de hechos falsos, hasta que tuvo que salir un promotor a decir "me están buscando para denunciar a Alana García y a Miguel Facundo’", expresó.
Asimismo, el exfuncionario indicó que le comunicó a Rivas Franchini que había recibido llamadas de familiares de internos que le advirtieron que los estaban buscando para incriminarlo.
"Todo tendrá que discutirse, evaluarse, contrastarse y probarse. Tengo fe en la justicia de los humanos y fe en Dios. Mis manos están limpias, jamás le cobré un solo centavo a ningún interno", aseveró.
Ante los magistrados que este miércoles resolverán si le imponen nueve meses de prisión preventiva por el caso de los denominados "narcoindultos", Facundo Chinguel recordó que dejó el cargo de presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales el 23 de octubre del 2010.
En ese sentido, desacreditó los "colaboradores eficaces" aportados por la Fiscalía, al sostener que -por ejemplo- Oscar Benítez, que se retractó en su testimonio y dijo que no lo conocía. Además, mencionó que Benítez solicitó un indulto a su favor el año 2011 y 2012, cuando ya había renunciado al cargo.
De igual forma, dijo que Carmen Guadalupe, quien lo vincula a los "narcoindultos" tiene 31 procesos penales abiertos. "¿Esos son los testigos?", se preguntó.
La audiencia judicial se reanudará a las 4:45 de la tarde, para que el titular del Juzgado de Investigación Preliminar, Miguel Quevedo, decida si es que Facundo Chinguel afronta el juicio por el caso de los "narcoindultos" en prisión preventiva de 9 meses, como lo ha solicitado el Ministerio Público, o en libertad con alguna restricción.