El fiscal Cortez sostuvo que dicho decreto habla del plazo de la instrucción, mientras que el proceso por la matanza en Barrios Altos ya se encuentra en juicio.
El fiscal superior Jorge Cortez Pineda solicitó a la Primera Sala Penal Especial de Lima declarar inaplicable al grupo Colina, el Decreto Legislativo 1097 que dispone el archivo de los procesos que hayan superado el plazo de la investigación, informa la prensa.
Este pedido se formuló durante la audiencia del proceso en el que son investigados ex agentes del Ejército por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Barrios Altos (1991), recoge el diario La República.
El magistrado del Ministerio Público refiere que dicho decreto habla del plazo de la instrucción, mientras que este proceso se encuentra en juicio público, por lo que el control de la acusación y cualquier posibilidad de sobreseimiento (archivo) no es procedente.
La Procuraduría Anticorrupción y los abogados de las víctimas, Gloria Cano y Antonio Salazar, también exigieron que el DL 1097 sea rechazado porque los tratados internacionales suscritos por el Perú y sentencias de la Corte Interamericana obligan al Estado a juzgar y sentenciar estos casos.
Más de una veintena de integrantes del destacamento Colina y altos jefes militares juzgados por la matanza de 15 personas en Barrios Altos (1991) pidieron acogerse al polémico decreto legislativo 1097, que permite el sobreseimiento de juicios por crímenes de lesa humanidad, informaron fuentes legales.
Los que han pedido acogerse a este decreto son el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército Juan Rivero Lazo, así como varios integrantes de Colina: Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra y Wilmer Yarlequé Ordinola, entre otros, detalló la abogada de Aprodeh.
Cabe señalar que el ministro de Justicia, Víctor García Toma, está en contra que este decreto beneficie al grupo Colina y a otros violadores de derechos humanos.
Advirtió que renunciará si el Poder Ejecutivo envió al Congreso la exposición de motivos del cuestionado Decreto Legislativo N° 1097 que fue elaborado por el Ministerio de Defensa, el cual considera inaceptable.
Este pedido se formuló durante la audiencia del proceso en el que son investigados ex agentes del Ejército por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Barrios Altos (1991), recoge el diario La República.
El magistrado del Ministerio Público refiere que dicho decreto habla del plazo de la instrucción, mientras que este proceso se encuentra en juicio público, por lo que el control de la acusación y cualquier posibilidad de sobreseimiento (archivo) no es procedente.
La Procuraduría Anticorrupción y los abogados de las víctimas, Gloria Cano y Antonio Salazar, también exigieron que el DL 1097 sea rechazado porque los tratados internacionales suscritos por el Perú y sentencias de la Corte Interamericana obligan al Estado a juzgar y sentenciar estos casos.
Más de una veintena de integrantes del destacamento Colina y altos jefes militares juzgados por la matanza de 15 personas en Barrios Altos (1991) pidieron acogerse al polémico decreto legislativo 1097, que permite el sobreseimiento de juicios por crímenes de lesa humanidad, informaron fuentes legales.
Los que han pedido acogerse a este decreto son el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército Juan Rivero Lazo, así como varios integrantes de Colina: Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra y Wilmer Yarlequé Ordinola, entre otros, detalló la abogada de Aprodeh.
Cabe señalar que el ministro de Justicia, Víctor García Toma, está en contra que este decreto beneficie al grupo Colina y a otros violadores de derechos humanos.
Advirtió que renunciará si el Poder Ejecutivo envió al Congreso la exposición de motivos del cuestionado Decreto Legislativo N° 1097 que fue elaborado por el Ministerio de Defensa, el cual considera inaceptable.
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