por Redacción RPP
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La exfiscal del caso “Cuellos Blancos” sostiene que el fiscal de la Nación dio por concluido su nombramiento, luego de que conociera de su candidatura al Senado por el Partido Morado en las Elecciones Generales 2026.
La exfiscal y ahora candidata al Senado por el Partido Morado, Sandra Castro, sostuvo que es víctima de una represalia directa por haber investigado presuntos hechos de corrupción vinculados al actual fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y negó haber incumplido las normas electorales.
A través de la resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 3848-2025-MP-FN, dio por concluido el nombramiento de Castro como fiscal adjunta provincial provisional, tras tomar conocimiento de su postulación al Senado. En el documento, el fiscal de la Nación interino sostuvo que se prohíbe a los fiscales participar en actividades políticas.
Durante una conferencia de prensa, Sandra Castro atribuyó su salida del Ministerio Público a una represalia personal: “Ahora me han apartado del cargo como fiscal. El fiscal interino ha cumplido su venganza contra mí por haber investigado hechos de corrupción en los que se le escucha en audios haciendo pedidos al juez César Hinostroza”, declaró.
La exfiscal rechazó las versiones que minimizan el caso Cuellos Blancos del Puerto y sostuvo que existen resoluciones judiciales y audiencias en las que, según dijo, se escucha la voz de Gálvez. “No puede decir que Cuellos Blancos no existe. Hay sentencias y audiencias”, enfatizó.
Castro también sostuvo que enfrentar a redes de poder tiene costos dentro del sistema de justicia. “En aquel entonces nos enfrentamos a élites corruptas que hoy son autoridades y están sentadas en los sillones de las más altas instituciones. Enfrentar a esa élite es riesgoso para un fiscal. Soy una mujer peruana perseguida por esa élite corrupta, pero continuaré en la lucha”, dijo.
JEE declaró improcedente la candidatura de la fiscal Sandra Castro por no renunciar en el plazo establecido
En paralelo a la decisión tomada por Tomás Gálvez, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró improcedente su candidatura al Senado al concluir que no acreditó haber renunciado al Ministerio Público dentro del plazo legal de seis meses previo al proceso electoral. Según el órgano electoral, la renuncia debió efectuarse como máximo hasta el 13 de octubre de 2025.
El JEE también advirtió que la resolución de la Fiscalía que dio por concluido su nombramiento, publicada el 31 de diciembre en el diario oficial El Peruano, se encontraba aún en plazo de impugnación y no había quedado firme, por lo que Castro podía ser objeto de una eventual reposición.
“Como funcionaria pública solicité licencia 60 días antes de las elecciones y el 23 de diciembre de 2025 realicé mi inscripción”, afirmó. Según explicó, actuó bajo la convicción de que la normativa aplicable permitía la licencia sin goce de haber y no exigía una renuncia previa, dijo en conferencia de prensa.
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