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Fiscalía presentará demanda de inconstitucionalidad contra Ley 29703

Foto: Referencial
Foto: Referencial

Además, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para corregir dicha norma legal sobre delitos de corrupción.

El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 29703 a fin que no genere ningún efecto legal en los procesos judiciales por corrupción, informa la prensa local.

Pelaéz sostuvo que convocará a especialistas en derecho constitucional para redactar la demanda, que será presentada ante el Tribunal Constitucional (TC).

La ley 29703 modificó el Código Penal respecto de los delitos contra la administración pública que, a opinión de expertos, debilitaban la lucha anticorrupción.

Dicha demanda busca eliminar la ley del sistema jurídico para que los procesados o investigados por corrupción no puedan ampararse en dicha norma, señala el diario La República.

Acciones de la Corte Suprema
Además, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para corregir dicha norma legal.

La iniciativa de la Corte Suprema subsana los “errores” en la redacción de los artículos referidos a los delitos de abuso de autoridad, colusión, peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, señala el diario.

Se propone penalizar el delito de abuso de autoridad cuando genere un grave perjuicio al agraviado, aumentando la pena de dos a cinco años de cárcel.

En caso que el perjuicio no sea grave se le considerará falta y se sancionará con servicio comunitario, precisa.

En el caso de colusión, se plantea que sea un delito de peligro abstracto en el que no solo se sancione la concertación para defraudar al Estado, sino también al uso de cualquier otro artificio ilegal.

Respecto al delito de peculado, se establecen diferencias de acuerdo al monto del dinero sustraído al Estado, salvo cuando se trate de bienes asistenciales o destinados a programas de apoyo social, cuando la sanción se incrementa, independientemente del valor patrimonial, indica.


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