Procurador antiterrorismo afirmó que el abogado de Abimael Guzmán está equivocado al sostener que a su defendido se le pretende cobrar una deuda muerta.
El procurador antiterrorismo, Julio Galindo, aclaró que la deuda que el excabecilla de Sendero Luminoso (SL) Abimael Guzmán tiene con el Estado, por concepto de reparación civil, no ha prescrito.
Recordó que la condena contra la cúpula de SL, entre ellos Guzmán Reynoso, fue dada en septiembre del año 2006 y según el Código Civil el plazo para el cobro de la reparación civil es de 10 años desde que se dictó la sentencia.
"Si partimos sobre la premisa de que la condena contra la cúpula de Sendero fue en septiembre de 2006... (la reparación civil) no ha prescrito", expresó en diálogo con RPP Noticias.
En ese sentido, Galindo afirmó que Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán, está dando una "información equivocada y errónea" al sostener que a su defendido se le pretende cobrar "deudas muertas y extinguidas”.
Galindo ratificó su firme decisión, como representante del Estado, de "cobrar hasta el último centavo" a todos los condenados por terrorismo, que obviamente incluye al Comité Central de SL.
Indicó que por razones estratégicas no puede informar de dónde y cómo se cobrarán las deudas con el Estado, porque -explicó- se alertaría a los grupos criminales, que tienden a esconder sus bienes.
Además aclaró que no se trata solo de bienes muebles e inmuebles a nombre propio, sino que hay recursos que se desvían a través del lavado de dinero y de donde se puede hacer efectiva la indemnización al Estado.
"Hay mucho dinero que cobrar bajo esa vía. Es un trabajo muy técnico y tedioso que estamos llevamos a cabo", aseveró.
Comentó que en el caso del operativo Bocaza, el Estado logró incautar entre 100 a 150 millones de dólares producto del lavado de dinero que hacía el clan Quispe Palomino. "Hay cosas similares que estamos trabajando", adelantó Galindo a RPP Noticias.
Ley del Negacionismo solo para condenados por terrorismo
De otro lado, dijo que la Ley del Negacionismo, que promueve el Ejecutivo, está dirigida concretamente a condenados por terrorismo.
Dijo que esta ley, de ser aprobada, no incluiría a los militares y policías, porque -según explicó- la pérdida de vidas humanas a su cargo no fue en una "guerra contra el Estado” sino que “lo han hecho en cumplimiento de su misión. Más bien las Fuerzas Armadas y la Policía han defendido al Perú, en representación del cual, han salido a luchar contra los terroristas".
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