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García Toma renunciará si sustentación de DL 1097 no es la del Minjus

Foto: EFE
Foto: EFE

El ministro de Justicia indicó que hay dos versiones de la exposición de motivos de cuestionado DL N° 1097, la de su portafolio y del Ministerio de Defensa, pero no sabe cuál fue enviada al Parlamento.

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El ministro de Justicia, Víctor García Toma, advirtió que renunciará si el Poder Ejecutivo envió al Congreso la exposición de motivos del cuestionado Decreto Legislativo N° 1097 que fue elaborado por el Ministerio de Defensa, el cual considera inaceptable.

En comunicación con el programa "Prensa Libre", indicó que existen dos versiones de la exposición de motivos del referido decreto, uno realizado por el Ministerio de Justicia y otro por el Ministerio de Defensa, sin embargo no sabe cuál de ellos fue emitido al Parlamento.

"Estoy esperando el día (martes) porque vamos a conocer cuál de las versiones de la exposición de motivos de ese dispositivo ha sido remitido al Congreso. Allí se explica la voluntad del Consejo de Ministros en relación al alcance y sentidos de esas normas", dijo.

"Hay dos versiones. No nos hemos puesto de acuerdo", reveló.

Precisó que con una correcta interpretación de la justicia dicha norma no beneficiaría a los integrantes del Grupo Colina, quienes se acogieron a ella para solicitar se les exima del proceso que se les sigue por el caso Barrios Altos.

Tras solicitar una entrevista para hoy en Prensa Libre, García Toma indicó que de enterarse que la versión enviada al Legislativo fue la del Ministerio de Defensa igual asistirá a la cita con el programa periodístico, "pero como ciudadano".

Afirmó que tal como se encuentra la versión de Defensa no es aceptable, "en modo alguno".

Más de una veintena de integrantes del destacamento Colina y altos jefes militares juzgados por la matanza de 15 personas en Barrios Altos (1991), pidieron acogerse al Decreto Legislativo 1097, que permite el sobreseimiento de juicios por crímenes de lesa humanidad.

La ley promulgada la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales, señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia.
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