Gobierno alista medidas para hacer efectiva Ley de Pérdida de Dominio

El Gobierno alista medidas para hacer más efectiva la Ley de Pérdida de Dominio, que permite pasar a propiedad del Estado los bienes incautados al narcotráfico y otras actividades ilícitas, adelantó la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

El presidente de Devida, Ricardo Soberón, dijo que su despacho evalúa junto al Ministerio de Justicia el impacto de la norma, la cual, a su juicio, ha resultado hasta ahora ineficiente.

Explicó que dicha Ley no ha sido usada mayormente por los magistrados, porque abre el riesgo de determinar la ilicitud de un bien, embargarlo y, luego, que se declare en sentencia definitiva la inocencia del inculpado; “y por ese motivo muy pocos jueces apelan a dicha norma”.

“Estamos haciendo un análisis pormenorizado para hacer que esta ley funcione. Se trata de mejorar los mecanismos de investigación que permitan acelerar los procedimientos judiciales en determinados casos de flagrancia”, declaró a Andina.

Consideró necesario encontrar una fórmula que garantice el resguardo de la presunción de inocencia, pero, al mismo tiempo, permita incautar eficazmente los bienes ilícitos cuando sea “inobjetablemente” claro que proviene de actividades ilícitas como el narcotráfico.

El funcionario refirió que las modificaciones planteadas a la mencionada ley deben estar acompañadas por una fase de entrenamiento a los magistrados que son los encargados de aplicarla.

Indicó que si bien en la actualidad existen numerosos bienes incautados a procesados por narcotráfico, que están bajo administración de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas del Ministerio del Interior, estos no pueden ser utilizados por el Estado debido a procesos judiciales interminables para determinar su presunta procedencia ilegal.

La Ley de Pérdida de Dominio, aprobada el 27 de marzo de 2008, tiene como objetivo la incautación de los bienes ilícitamente adquiridos a quienes son procesados por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas y lavado de activos.

Especialistas en la materia, como la procuradora antidrogas Sonia Medina, han planteado su modificación debido a que impone una serie de “candados” que impiden un trabajo eficaz en la incautación de bienes adquiridos con dinero que provendría del narcotráfico. 

Andina