La huelga anunciada por los trabajadores del Poder Judicial desatendería 4,159 casos diariamente, la mayoría de los cuales corresponde a procesos laborales, juicios de alimentos y violencia familiar, advirtió ese poder del Estado.
En materia penal, se dejarían de resolver 1,282 procesos, se frustrarían 2,227 audiencias, se impediría la presentación de 3,893 nuevas denuncias, y se dejarían de realizar 70,000 notificaciones.
Debido a ello, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, propuso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conformar una mesa de trabajo entre ambas instituciones, a fin de encontrar soluciones que eviten la paralización.
A través de un oficio, Mendoza pide a Economía y Finanzas disponer las medidas que correspondan para materializar la mesa de trabajo y observar los requerimientos de los servidores judiciales.
Los trabajadores piden su exclusión de la Ley del Servicio Civil, la aprobación del Proyecto de Ley de la Carrera del Auxiliar Jurisdiccional y Administrativo, además del cumplimiento de la escala remunerativa acordada en el 2012.
Mendoza precisó que la paralización perjudicará al Poder Judicial, al Ejecutivo y a la ciudadanía.
Los trabajadores judiciales señalaron que iniciarán una huelga indefinida el próximo 21 de marzo.
ANDINA
