Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, dijo que la protección del medio ambiente son valores amparadas por normas internacionales vigentes.
La Iglesia católica peruana pidió hoy un "debido proceso" para el religioso británico Paul McAuley, quien este mes recibió una orden de expulsión de Perú, y, en tal sentido, defendió la labor de los obispos y misioneros que protegen el medio ambiente como parte de su doctrina social.
El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Miguel Cabrejos, remarcó en rueda de prensa que "la defensa de una vida digna y de la protección del medio ambiente son valores de la doctrina social de la Iglesia y, además, son amparadas por las normas internacionales vigentes".
"La defensa del medio ambiente no es sólo la protección de la naturaleza sino del espacio donde se desarrolla el ser humano", añadió el también arzobispo de la ciudad norteña de Trujillo.
Cabrejos pidió al Ministerio del Interior, que ordenó la expulsión de McAuley el pasado 1 de julio por "realizar actos contra el orden público", que se siga el debido proceso y que se determine si las actividades que realizó constituyen un delito dentro del ordenamiento penal o una infracción contra la ley de migraciones.
McAuley, religioso de la orden de La Salle y director de la Asociación Red Ambiental Loretana en la ciudad amazónica de Iquitos desde 2006, presentó recursos ante el Tribunal Constitucional contra las concesiones forestales y denuncias por contaminación petrolera contra empresas como la argentina Pluspetrol.
El presidente de la CEP subrayó hoy que los argumentos puestos como prueba deben ser revisados "en forma objetiva e imparcial por un Poder Judicial independiente".
Tras conocer la orden de expulsión, hace dos semanas, la defensa de McAuley interpuso un recurso de amparo basado en que el ambientalista no había sido notificado antes de esta decisión ni tuvo derecho a la defensa y al debido proceso.
Además, presentó un recurso de hábeas corpus, con el fin de que McAuley pueda transitar libremente por el país sin ser detenido, un pedido que fue admitido el pasado martes por la Corte Superior de Loreto y apelado de inmediato por el Ministerio del Interior.
En la conferencia de hoy, el presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Pedro Barreto, negó que la Iglesia católica tenga temor de represalias del Gobierno por la activa participación de religiosos en temas que generan controversia sobre la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.
"De un tiempo a esta parte, nos duele mucho como Iglesia, que señalen (acusen) solamente a extranjeros que han vivido muchos años en Perú", remarcó Barreto, aunque luego descartó que exista una campaña dirigida por el Gobierno contra la Iglesia.
El también arzobispo de la ciudad andina de Huancayo remarcó que "lo que sí es evidente es que para la Iglesia católica nuestra patria es el mundo".
"No hay nada ni nadie que nos detenga en la fidelidad de la defensa de la vida y el medio ambiente, esa es nuestra visión", enfatizó.
Barreto pidió a las autoridades y a las empresas dedicadas a la minería en el país que establezcan una relación armónica con las comunidades, tras llamar la atención por el hecho de que la mayoría de conflictos sociales en Perú se dan por temas de extracción de recursos naturales y manejo medioambiental. EFE
El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Miguel Cabrejos, remarcó en rueda de prensa que "la defensa de una vida digna y de la protección del medio ambiente son valores de la doctrina social de la Iglesia y, además, son amparadas por las normas internacionales vigentes".
"La defensa del medio ambiente no es sólo la protección de la naturaleza sino del espacio donde se desarrolla el ser humano", añadió el también arzobispo de la ciudad norteña de Trujillo.
Cabrejos pidió al Ministerio del Interior, que ordenó la expulsión de McAuley el pasado 1 de julio por "realizar actos contra el orden público", que se siga el debido proceso y que se determine si las actividades que realizó constituyen un delito dentro del ordenamiento penal o una infracción contra la ley de migraciones.
McAuley, religioso de la orden de La Salle y director de la Asociación Red Ambiental Loretana en la ciudad amazónica de Iquitos desde 2006, presentó recursos ante el Tribunal Constitucional contra las concesiones forestales y denuncias por contaminación petrolera contra empresas como la argentina Pluspetrol.
El presidente de la CEP subrayó hoy que los argumentos puestos como prueba deben ser revisados "en forma objetiva e imparcial por un Poder Judicial independiente".
Tras conocer la orden de expulsión, hace dos semanas, la defensa de McAuley interpuso un recurso de amparo basado en que el ambientalista no había sido notificado antes de esta decisión ni tuvo derecho a la defensa y al debido proceso.
Además, presentó un recurso de hábeas corpus, con el fin de que McAuley pueda transitar libremente por el país sin ser detenido, un pedido que fue admitido el pasado martes por la Corte Superior de Loreto y apelado de inmediato por el Ministerio del Interior.
En la conferencia de hoy, el presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Pedro Barreto, negó que la Iglesia católica tenga temor de represalias del Gobierno por la activa participación de religiosos en temas que generan controversia sobre la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.
"De un tiempo a esta parte, nos duele mucho como Iglesia, que señalen (acusen) solamente a extranjeros que han vivido muchos años en Perú", remarcó Barreto, aunque luego descartó que exista una campaña dirigida por el Gobierno contra la Iglesia.
El también arzobispo de la ciudad andina de Huancayo remarcó que "lo que sí es evidente es que para la Iglesia católica nuestra patria es el mundo".
"No hay nada ni nadie que nos detenga en la fidelidad de la defensa de la vida y el medio ambiente, esa es nuestra visión", enfatizó.
Barreto pidió a las autoridades y a las empresas dedicadas a la minería en el país que establezcan una relación armónica con las comunidades, tras llamar la atención por el hecho de que la mayoría de conflictos sociales en Perú se dan por temas de extracción de recursos naturales y manejo medioambiental. EFE
Comparte esta noticia