Justicia anula orden de expulsión de religioso Paul McAuley

El Poder Judicial aceptó un recurso de hábeas corpus presentado por el religioso católico de nacionalidad británica Paul McAuley y pidió al Ejecutivo que "cesen todos los actos" que ordenaban su expulsión del país, confirmó hoy a Efe el sacerdote salesiano.

"Ha sido una grata sorpresa, esta mañana recibí la notificación que reconoce mi derecho al libre tránsito y que no seré expulsado de momento", señaló McAuley.

Su abogada defensora, Rita Ruck, precisó al canal N de la televisión local que la Corte Superior de la región de Loreto aceptó el hábeas corpus presentado la semana pasada contra la orden de expulsión dictada por el Ministerio del Interior.

"Nos han notificado que la resolución declara fundado el proceso constitucional de hábeas corpus", anunció Ruck, para luego decir que la jueza a cargo del caso ordenó "que cesen todos los actos que perjudiquen el derecho al libre tránsito" de McAuley.

El religioso de la orden de La Salle, que preside la Asociación "Red Ambiental Loretana" desde 2006, recibió el pasado 1 de julio una comunicación del Ministerio del Interior que cancelaba su residencia "por realizar actos contra el orden público interior" y le ordenaba abandonar el país en un plazo máximo de siete días.

Sus abogados interpusieron de inmediato un recurso de amparo basado en que el ambientalista no había sido notificado válidamente ni tampoco tuvo derecho a la defensa y al debido proceso.

También presentaron el recurso de hábeas corpus, con el fin de que McAuley pueda transitar libremente por el país sin ser detenido, decisión que hoy les fue favorable.

El religioso asegura que se dedica a vigilar el uso de los recursos naturales y sobre todo los derechos de las comunidades indígenas de la selva peruana.

Entre sus actividades, presentó recursos ante el Tribunal Constitucional contra las concesiones forestales y denuncias por contaminación petrolera contra empresas como la argentina Pluspetrol.

McAuley dijo hoy a Efe, al respecto, que va a "seguir trabajando de manera normal" y que el documento judicial le da "seguridad por lo menos de momento".

"Me ha aliviado y una vez más agradezco todo el apoyo recibido en el país y el extranjero", acotó.

Su abogada confirmó que el religioso "va a continuar con sus funciones", pero que están a la espera de la decisión que tomará el Gobierno, que aún puede impugnar la decisión judicial para que el tema sea visto en una segunda instancia.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, reiteró hoy que la oficina de migraciones determinó que McAuley había violado las normas para su permanencia en el país, pero aceptó que la decisión judicial primará sobre cualquier otra instancia.

"En un estado de derecho se impone la decisión del juez, el Perú es respetuoso de esa decisión, administrativamente no podemos hacer nada si no nos remitimos a la decisión del Poder Judicial", indicó.

La decisión del Gobierno había sido rechazada por instituciones sociales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, mientras que en la ciudad amazónica de Iquitos cientos de personas salieron a las calles durante la semana pasada en apoyo de McAuley.

-EFE