La Contraloría contra la impunidad [COLUMNA]

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A partir de hoy tenemos que acostumbrarnos a las nuevas cifras de contagios y muertes. Con más de 17 000 fallecidos directamente a causa de la COVID-19,  el Perú ha pasado a ser el noveno país por el número de muertos y figura entre los primeros por el porcentaje de muertes en relación a nuestra población. Lejos de la tentación de politizar la búsqueda de culpables y menos aún la de expresar complacencia ante nuestros fracasos, toda la energía debe destinarse a seguir librando batalla. Hospitales sin terminar, médicos sin cobrar salarios, personal sin materiales de seguridad, hacinamiento del transporte público, informalidad laboral, funcionarios indolentes. La lista de carencias es larga, como lo confirman rudamente los casos de Arequipa y Huánuco.

Pero, contradiciendo las previsiones de algunos profetas de la desdicha, la revista The Economist sostiene que gracias al crédito, al programa de obras públicas y a la producción minera, “la economía peruana podría caer este año menos del 10% y recuperar buena parte de su caída durante el 2021”. El prestigioso semanario británico observa sin embargo que esta evolución dependerá de la confianza de los inversionistas, que viene siendo afectada por leyes populistas promovidas en el Congreso a medida que se acercan las elecciones generales. La referencia mundial del periodismo liberal afirma que “en el Perú existen  demasiados monopolios de facto, pero ellos necesitan una regulación inteligente, no persecución”. El artículo concluye citando a Carlos Basombrío, según el cual la lucha contra el populismo requerirá “un mayor liderazgo efectivo del presidente Vizcarra”.

También Gestión aporta buenas noticias desde su carátula, en relación al precio internacional del cobre, nuestro principal producto de exportación. El diario especializado en economía y negocios informa que “el alza del metal rojo se ubica en torno a sus mayores niveles desde el 2011”. El plan de impulso económico anunciado por la Unión Europea (850,000 millones de dólares) y los recortes de la producción en Chile favorecerían al Perú, segundo productor mundial. A condición, naturalmente, de que sepamos aprovechar esta situación favorable para recuperar los niveles normales de nuestra producción. Lo que quiere decir que el gobierno debe resolver cuanto antes la crisis generada por la violencia en Espinar. El primer ministro ha decidido suspender el diálogo en el marco del Convenio Marco mientras las organizaciones sociales de esa provincia cusqueña no renuncien a la violencia. La Alta Comisionada de la PCM, Paola Bustamante, ha resaltado que la quema de una estación de bombeo y de cientos de hectáreas de pastizales constituyen un atentado ambiental. “El primer afectado por la violencia es el propio pueblo de Espinar”, concluyó.

Esta noche se presenta un documento llamado a jugar un papel mayor en la lucha contra la corrupción. “El control en tiempos de Covid 19”. En él, la Contraloría da cuenta de su trabajo a lo largo de los últimos cien días para poner en evidencia las prácticas reñidas con la ley, en pleno estado de emergencia. El contenido amplio y riguroso  de la publicación deja al lector con un sabor agridulce. Agrio porque no deja lugar a dudas sobre la vergonzosa capacidad de desviar recursos destinados al sufrimiento físico y moral de los infectados. Desde los hospitales que no se terminan ni se equipan, hasta el reparto de canastas que fueron a dar a manos de miles de funcionarios que no calificaban. Pero dulce también porque la nueva modalidad de control concurrente y la modernización del trabajo impulsada por Nelson Schack permiten esperar que si bien la codicia seguirá existiendo siempre, algún día podamos acabar con la impunidad. Mientras tanto, la Contraloría parece confirmar el terrible aforismo del moralista francés del siglo XVII La Rochefoucauld: “Muchas veces se hace el bien para poder hacer impunemente el mal”.

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