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César Ochoa señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no tiene precedentes sobre inhabilitaciones impuestas por juicio político, como es el caso del expresidente Martín Vizcarra.
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa, se refirió sobre la reciente declaración del expresidente, Martín Vizcarra, quien anunció haber acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar una medida cautelar que suspenda las inhabilitaciones que actualmente le impiden postular en las elecciones generales del 2026.
En una entrevista para el programa Las cosas como son de RPP, el jurista puso en duda un eventual fallo a favor del exmandatario, pues aseguró que hasta el momento el organismo internacional solo “se ha pronunciado sobre inhabilitaciones de naturaleza administrativa”.
En ese sentido, explicó que Martín Vizcarra fue imposibilitado para ejercer la función pública a través de un “juicio político” llevado a cabo por el Congreso de la República, y que la Corte IDH no ha establecido precedentes en este tipo de casos.
“En el caso del señor Vizcarra, se trata de la figura del juicio político que hace el Parlamento y sobre juicio político no se ha pronunciado la Corte Interamericana”, mencionó.
Asimismo, recordó que en el 2018, la misma entidad judicial se abstuvo de emitir una opinión sobre esta clase de sanciones, al considerar que el juicio político “no es una figura uniforme”, ya que “presenta variantes” entre países.
Por lo tanto, según dijo, la Corte IDH “no se podría pronunciar, categóricamente, sobre inhabilitaciones por juicio político”.
TC declaró infundada demanda de amparo de Martín Vizcarra
El pasado 27 de junio el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundado la demanda de amparo que presentó Martín Vizcarra para anular la inhabilitación de cinco años que le impuso el Legislativo en el 2022.
De acuerdo con la acusación, el exmandatario infringió el artículo 126 de la Constitución cuando ejercía funciones como ministro de Estado.
Dicha norma prohíbe a los ministros ser gestores de intereses privados o directivos de empresas mientras ocupan este cargo.
Al respecto, César Ochoa afirmó que el TC ratificó la sanción al determinar objetivamente que Vizcarra “incurrió en esta infracción” y que se respetó “el debido proceso y el derecho a la defensa”.
“No hay pues nada que reprocharle al Congreso cuando ha impuesto la inhabilitación al señor Vizcarra”, aseguró.
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