Todos somos arequipeños[COLUMNA]

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El gobierno ha terminado por oficializar que se había producido un “desfase” en las cifras de la pandemia, lo que significa sobre todo que hay que añadir 3 688 muertes que no se habían registrado como causadas directamente por la COVID-19. En consecuencia, la cifra oficial de fallecidos se eleva desde ayer a 17 455. El “sinceramiento” de la cifra ha sido elaborado por una Comisión especial que fue creada por la ministra de Salud.

El tema de la cifra de muertos había dado lugar a muchas interpretaciones, algunas de las cuales estaban manifiestamente inspiradas por la hostilidad política. La cifra oficial registra los casos confirmados de pacientes que han muerto en hospitales con un diagnóstico certero de la infección. Esa es la cifra que se reporta a la Organización Mundial de la Salud, que la difunde a en todo el mundo. En ella no se puede incluir los casos sospechosos ni los fallecidos como una consecuencia indirecta de la COVID-19.

El tema ha dado lugar a polémicas en muchos países del mundo. En algunos, como Venezuela y Nicaragua, no existe transparencia ni independencia de los organismos técnicos. En el Perú, disponemos de cifras generales del Sistema de Defunciones, que fueron utilizadas hace casi tres meses por IDL-Reporteros. En los últimos días, el desfase resultó patente en el caso de Arequipa, puesto que la Dirección regional de salud reportaba un número de muertos que era el doble que el número del Ministerio de Salud.

Y a propósito de Arequipa, el gobierno ha decidido intervenir directamente en la gestión de la crisis sanitaria. Sin duda, esa decisión ha dado lugar a la reaparición del desacreditado gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, quien sostuvo una conferencia de prensa en la que desconoció las graves consecuencias de su mala gestión, a la vez que agitó sentimientos regionalistas. Dando una nueva prueba de su irresponsabilidad, en un estilo que recuerda al del presidente Donald Trump, Cáceres se permitió recomendar el consumo de dióxido de cloro para neutralizar el coronavirus, contradiciendo las recomendaciones de todas las autoridades científicas.

En nuestro continente el mejor ejemplo de victoria contra el virus lo ha dado Uruguay. Pese a su frontera con Brasil, Uruguay solo registra 1,100 contagios y 34 muertes y sus escuelas han reabierto. Es el único país latinoamericano cuyos ciudadanos son autorizados a entrar en la Unión Europea. ¿Qué hizo Uruguay para librarse de las desdichas? Disponer de un liderazgo político unificado, contar con una oposición que supo poner por delante el interés nacional, actuar de acuerdo a la ciencia y no de las pasiones políticas, disponer de un sistema de salud pública a la altura de sus mejores tradiciones, mantener a raya la corrupción.

Puesto que hablamos de corrupción, prestemos atención a la preparación de las elecciones y a las decisiones para garantizar la probidad en nuestro sistema judicial. El congreso tiene que pronunciarse sobre quiénes podrán ser candidatos dentro de menos de nueve meses. Hay quienes quieren introducir normas que impedirían la postulación de algunos de los eventuales candidatos.

Y respecto de las autoridades fiscales y judiciales, la Junta Nacional de Justicia decidió ayer por unanimidad suspender por seis meses al fiscal supremo Pedro Chávarry. La Junta presidida por Aldo Vásquez se pronuncia cautelarmente sobre una figura que fue discutida desde su entrada en funciones y que llegó al tope de su impopularidad cuando decidió remover a los fiscales encargados del caso Lava Jato. Forzado a renunciar a la Fiscalía de la Nación, Chávarry mantuvo durante año y medio su cargo de fiscal supremo. Pero desde ayer ha quedado impedido de ejercer sus funciones.

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