Después de una semana de confesiones, nuestros dirigentes deben orientar la acción pública en base a una agende coherente y movilizadora
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La semana pasada estuvo marcada por los interrogatorios fiscales a Jorge Barata que confirmaron que los últimos cuatro gobiernos se han visto implicados en casos de corrupción. La sombra de Odebrecht alcanza también a alcaldes, congresistas, gobernadores regionales, árbitros, candidatos y empresarios. En espera de que la Fiscalía formule acusaciones, es tarea de los dirigentes políticos elaborar una agenda país capaz de crear consensos y de definir coherentemente las prioridades de la acción pública. A falta de agenda clara, la imagen del gobierno seguirá cayendo, con el consiguiente apetito de las fuerzas opositoras, pero también de grupos interesados en detener o desviar la lucha contra la corrupción.
La encuesta de opinión pública elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos evidencia que la desaprobación a Martín Vizcarra ha superado la aprobación, con picos alcanzados en el interior del país. Pero revela también que el descrédito del Congreso es mucho peor, puesto que alcanza a 84% de los encuestados. 70% se declara favorable a que el presidente Vizcarra disuelva el Congreso. Algunos se han ofuscado de que el IEP haya formulado una pregunta relativa a la eventual disolución, incurriendo en el clásico error de reprochar al mensajero en vez de tomar en serio el mensaje. Y el mensaje es claro: muchos electores sienten que la mayoría parlamentaria ha sido obstruccionista y no ha colaborado para solucionar los problemas económicos, institucionales y morales de nuestro país.
El TC y la Contraloría
Dos de los problemas tienen que ver con la necesidad de reactivar nuestra economía y luchar eficazmente contra la corrupción: el marco normativo de la Contraloría y la solución de la crisis de Las Bambas. El contralor Nelson Shack ha anunciado un recurso de aclaración ante una sentencia del Tribunal Constitucional, que según Shack impide la acción sancionadora del Organismo autónomo encargado por la Constitución de “supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto… y de los actos de las instituciones sujetas a control”. Sorprende que en momentos en que la Contraloría intenta ejercer un control concurrente al gasto del dinero de los peruanos, los jueces constitucionales pretendan limitar su acción. Algunos sostienen que la Contraloría no ha contribuido con hallazgos de corrupción y más bien, al contrario, ha permitido que sus agentes de control ejerzan una acción discrecional que paraliza la acción del Estado intimidando a funcionarios probos sin evidenciar a los corruptos. Esperemos que los Jueces constitucionales sepan definir el Derecho sin privar al Estado de un arma contra la corrupción.
Las Bambas
También la solución en Las Bambas requiere hilar fino para respetar la palabra del Estado sin violentar la autonomía del Poder Judicial. El ministro de Justicia ha explicado que cientos de comuneros denunciados contarán con la ayuda del Estado para hacer frente a las investigaciones realizadas en algunos casos por malos jueces y fiscales.
Elecciones en España
Los resultados de las elecciones en España ofrecen algunas enseñanzas: 1) Cuando los partidos que se han alternado en el poder no satisfacen las demandas de los ciudadanos, aparecen otros que los desplazan. Por primera vez desde el restablecimiento de la democracia hace cuarenta años, los partidos tradicionales (PSOE y PP) no se acercan a la mayoría y en consecuencia tienen que buscar alianzas con partidos nuevos (Podemos, Ciudadanos, Vox). 2) Ninguno de los líderes de los cinco partidos más votados llega a los cincuenta años. 3) No se puede resolver las exigencias regionales acentuando el poder de la capital. En Cataluña y en el País Vasco, los partidos independistas han derrotado a los partidos nacionales. No basta con proclamar la unidad de la nación, hay que construirla trabajando por los ciudadanos.
Las cosas como son
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