El magistrado admitió a trámite el recurso presentado por alcalde Álvaro Paz de la Barra contra la Municipalidad de Lima, Lamsac y Emape. Resolución dispone que se realice una diligencia de inspección judicial en la zona donde se ubica el peaje.
El Segundo Juzgado Penal Permanente de La Molina y Cieneguilla admitió a trámite la demanda de hábeas corpus interpuesta por la Municipalidad de La Molina contra Línea Amarilla SAC (Lamsac), la Municipalidad de Lima y la Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape) por los presuntos delitos de vulneración al derecho a la libertad de tránsito.
En su resolución del 12 de setiembre, el juez Benjamín Enríquez Colfer ordenó realizar una investigación para determinar si La Molina ha sufrido la vulneración de sus derechos constitucionales por el peaje ubicado en la avenida Separadora Industrial con Vía de Evitamiento, en este distrito.
Como parte de esta investigación, el juez dispuso desarrollar una diligencia de inspección judicial en la zona donde se ubica el peaje con presencia policial. Además, se establece que las entidades demandadas deberán emitir sus respectivos informes de descargos documentados en un plazo no mayor a tres días hábiles.
La demanda de hábeas corpus interpuesta por el alcalde de La Molina solicita el retiro del peaje administrado por Lamsac y que se deje sin efecto el cobro del mismo, así como el retiro de las oficinas de Emape de la vía auxiliar de Evitamiento, ubicada al ingreso de la avenida Separadora Industrial (sur a norte).
Retiro de peaje no es un pedido nuevo
A inicios del 2017, la Municipalidad de La Molina (anterior gestión) expresó su rechazo al peaje ubicado en la avenida Separadora Industrial, por considerarlo inviable y antitécnico, además de agravar la congestión diaria que soporta Lima Este.
En un acuerdo de concejo, aprobado por ese entonces, se exhortó a la Municipalidad de Lima realizar las acciones de su competencia para que quede sin efecto el mencionado cobro, específicamente en el sentido oeste – este.
El acuerdo distrital fue entregado al concejo metropolitano y a la Defensoría del Pueblo adjuntando planillones de firmas de vecinos que también se oponen al peaje. El entonces alcalde Juan Carlos Zurek pidió la revisión y renegociación de los contratos de concesión de peajes en Lima, tras agudizarse los casos de corrupción vinculados a obras realizadas en el sector transporte.
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