Se trata de la Ley 29703, promulgada el viernes por el presidente, que también elimina la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los acusados por el delito de enriquecimiento ilícito.
Quizá el último gran escándalo que se le atribuya a este Congreso, sea la aprobación de una ley que elimina la sanción penal a funcionarios públicos, siempre y cuando el Estado no haya perdido dinero.
Se trata de la Ley N° 29703, que ha sido aprobada por el Congreso y promulgada el último viernes por el presidente Alan García, en la cual se modifican varios artículos del Código Penal concernientes a delitos contra la administración pública, como el de colusión, es decir cuando un funcionario se pone de acuerdo con un contratista, proveedor o terceros que van a contratar con el Estado para defraudarlo.
Según explicó la abogada y periodista Rosa María Palacios en la norma anterior solo bastaba el acuerdo y la defraudación al Estado, pero con la ahora vigente, no existe delito de colusión si no hay daño económico contra el Estado.
"Muchas veces se puede llegar a un acuerdo con un proveedor a cambio de un beneficio posterior, sin que exista perjuicio para el Estado, que incluso sale ganando pero también el funcionario", replicó.
Por su parte, el congresista nacionalista Daniel Abugattás adelantó que su bancada pedirá la inmediata derogatoria de la ley.
“A pesar de que quedan solo tres días de Pleno, si hay voluntad política, el pedido de derogatoria se eximirá de comisiones y se votará de inmediato. Entonces la población verá quién protege a los corruptos”, dijo en entrevista con el diario “La República”.
Según informa el rotativo, dicha norma que fue promovida por el Poder Judicial, también elimina la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los acusados por el delito de enriquecimiento ilícito.
“Ex ministros, ex congresistas o hasta el ex mandatario, que hayan sido condenados por incurrir en enriquecimiento ilícito, podrán ejercer puestos públicos sin ninguna restricción”, advirtió el abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera recoge El Comercio.
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