Según la Constitución, el delito de traición a la Patria se aplica la condena de pena de muerte, pero sólo en caso de que nuestro país se encuentre en guerra.
El nuevo caso de espionaje que involucra a dos suboficiales de la Marina de Guerra del Perú ha motivado que el propio ministro de Defensa, Pedro Cateriano, salga a exhortar a la Justicia Militar para que encuentre responsabilidades y que actué con celeridad.
Pero, ¿quiénes son y de qué se les acusa a los suboficiales Alfredo Marino Domínguez, analista de información de inteligencia, y Johnny Richard Philco Borja, operador de telecomunicaciones?
Los dos militares han sido acusados de entregar información confidencial a Chile y ya fueron imputados por los delitos de infidencia y traición a la Patria. Según información difundida por América Noticias se encuentran bajo detención preventiva de un año.
La denuncia revela que los marinos realizaron varios viajes a Brasil, Bolivia, Argentina y especialmente a Chile. En junio de 2012, Alfredo Domínguez se reunió con oficiales de la Marina de Guerra de Chile en Sao Paulo, Brasil, ahí le pidieron información relevante y le entregaron un USB encriptado.
Sin embargo, Domínguez indicó que se trataban de empresarios italianos que les ofrecieron dinero extra por entregarles información de la pesca peruana.
Como se conoce, en el 2009 el suboficial de la FAP Víctor Ariza Mendoza también espiaba para Chile. Al año siguiente fue condenado a 35 años de prisión por vender información clasificada al país sureño.
Entre los documentos que entregó al vecino país está en plan estratégico institucional de la Fuerza Aérea del Perú, orientado a alcanzar una óptima operatividad de la institución hasta el 2021.
Según la acusación, Ariza Mendoza cobró, a través de una agencia, 178 mil dólares por espiar a favor de Chile, dinero que fue depositado luego en su cuenta bancaria.
Según el artículo 140º de la Constitución del Perú de 1993, por el delito de traición a la patria se aplica la condena de pena de muerte, pero sólo en caso de que nuestro país se encuentre en guerra.
Pero, dado que no existe conflicto armado con Chile el delito se sanciona con pena privativa de libertad no menor de veinte años, de acuerdo al Código Penal Militar Policial.
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