En RPP, Oscar Zapata, presidente de Perucámaras, afirmó que la norma aprobada por el Congreso que modifica la ley del crimen organizado ha desatado un "incremento geométrico de las extorsiones". Además, criticó al Gobierno de Dina Boluarte por no haberla observado.
El presidente de Perucámaras, Oscar Zapata Alcázar, expresó su malestar ante la creciente ola de extorsiones y sicariato que afecta gravemente a la sociedad peruana.
En el programa Las cosas como son de RPP TV, indicó que este problema ha alcanzado proporciones alarmantes, con 12 800 casos de extorsión denunciados desde enero, lo que refleja una situación que tildó de “agresión severa” contra la ciudadanía.
El dirigente responsabilizó al Gobierno de Dina Boluarte de la situación crítica por no haber observado la norma aprobada el pasado julio por el Congreso de la República que modifica la ley sobre el crimen organizado.
En visión del presidente de Perucámaras, la nueva legislación no considera el delito de extorsión como crimen organizado, lo que ha dado lugar a un aumento de las actividades extorsivas.
“Da una señal a la sociedad muy peligrosa, porque los extorsionadores se sienten protegidos por la propia ley. Esto ha sido terrible”, dijo, y enfatizó: “La norma, de alguna manera, ha detonado este suceso tan nefasto y un incremento geométrico de lo que significan las extorsiones en este país”.
"Inacción" del Ejecutivo
En ese contexto, criticó la “inacción” del Ejecutivo “en términos de presupuesto para la policía”, además de la falta de nuevos penales y la explosión de la corrupción y la extorsión en la minería ilegal, en particular en la zona de Pataz, en la región de La Libertad, donde grupos armados extorsionan a las empresas extractivas.
“Estos grupos [delictivos] tienen mejor armamento que la policía”, lamentó.
Oscar Zapata demandó una “reacción más audaz y firme” por parte del Gobierno y afirmó que tiene esperanzas luego de que se declarara el estado de emergencias en varios distritos de la provincia de Lima por 60 días, No obstante, subrayó que se podrá revertir el estado actual de la inseguridad ciudadana, si se ejecutan “bien” las medidas anunciadas.
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