La representante de los comerciantes de Gamarra exigió que el Gobierno proponga medidas estratégicas para combatir la extorsión porque el estado de emergencia, anunciado meses atrás, no obtuvo los resultados esperados.
La extorsión y el sicariato no cesan. Ante el impacto en diferentes sectores económicos, el Gobierno anunció un estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao; sin embargo, esta medida no sería suficiente para erradicar la criminalidad. Susana Saldaña, Presidenta del Consejo Directivo en Asociación Empresarial Gamarra Perú
"La llamada a solucionar este problema es de la presidenta. El estado de emergencia no va a servir de nada si no viene acompañado de un plan. El año pasado varios distritos fueron declarados en emergencia, pero ¿han dejado de matar en San Juan de Lurigancho?, ¿de extorsionar? No porque no hubo un plan. Se necesitan estrategias contundentes", dijo Saldaña.
"Tienen que salir militares a las calles. Es evidente que a la Policía le falta manos. Si ellos salen y ayudan a patrullar las calles, la Policía podrá perseguir a los delincuentes y atraparlos", agregó.
Susana Saldaña expresó que la delincuencia se ha insertado, sobretodo, en el sector de emprendedores porque es más diverso y el Estado "no llega, no funciona".
Estado actual de la delincuencia en Gamarra
Luego de las marchas que los comerciantes de Gamarra realizaron en el 2023, el Gobierno optó por incrementar la presencia de Policías y el patrullaje en diferentes zonas del emporio; sin embargo, esto se redujo con el tiempo.
"Tenemos un grupo de Policías asignados que a veces van más, otros días menos, pero ahí están. La zona del Damero A se está liberando y las zonas están abarrotadas del comercio informal. Hay más de 5,000 ambulantes del Damero A, más el B y el C, hay 10,000 ambulantes que son extorsionados por delincuentes, obligados a pagar cupos. Venden y lotizan nuestras calles, pero como no están tipificados, nadie los ve", indicó.
Además, resaltó que la Policía detectó a la organización criminal 'Los intocables ediles', pero el Ministerio Público todavía no habría tomado medidas al respecto.
"Creo que el Ministerio Público está pasando el tiempo y espera que se declare archivado y que no se presenten acusaciones. Ese es un caso sólido que lograron sacar adelante y ahí están esperando porque no ocurre nada".
Actualmente, Gamarra tiene al rededor de 40,000 mypes que generan más de 150,000 puestos de trabajo y aportan más de 1,000,000 en impuestos. Muchos de estos trabajadores son extorsionados, pero lamentablemente no denuncian por temor.
"Pedimos al Congreso que se califique como terrorismo el sicariato, secuestro, organización criminal, tenencia de armas de guerra. Todo eso tiene que calificarse para que se aplique la máxima pena", finalizó.