Para el legislador, su grupo de trabajo debe proceder con esa medida ante la negativa de la jueza provisional, María Martínez, de entregar la información requerida por la comisión parlamentaria.
La Comisión del Congreso que investiga el espionaje telefónico de la empresa Business Track (BTR) decidirá este miércoles si presenta una acción ante el Tribunal Constitucional para que el Poder Judicial entregue el material incautado en este caso, informó su presidente, Oswaldo Luízar.
Para el legislador, su grupo de trabajo debe proceder con esa medida ante la negativa de la jueza provisional, María Martínez, de entregar la información requerida por la comisión parlamentaria.
Precisó que su planteamiento se ampara en el artículo 202 de la Constitución, que establece que es el organismo constitucional el encargado de resolver los conflictos de competencias.
"Es un procedimiento constitucional que se sigue ante el Tribunal Constitucional para que este organismo disponga que este material sea entregado al Parlamento", manifestó.
Luizar refirió que las autoridades judiciales no han dado un argumento "sólido" para mantener el material y el proceso en reserva.
A juicio del legislador, se debería hacer pública la documentación hallada en BTR, pues, consideró que su revelación "no nos va a poner en dificultades".
Anotó que procesos de interés nacional como los seguidos al ex presidente, Alberto Fujimori, y a su ex asesor, Vladimiro Montesinos, fueron públicos e incluso fueron trasmitidos por televisión.
En otro momento, el parlamentario señaló que continúa indagando sobre la presunta participación de otras tres empresas en casos de "chuponeo", para lo cual ha solicitado información a los servicios de inteligencia.
Reafirmó que la comisión presentará en noviembre el informe sobre la investigación, a fin de que sea discutido por el pleno del Parlamento antes de que concluya la presente legislatura.
Indicó que si bien el grupo de trabajo tiene plazo hasta enero del próximo año, es necesario que la representación tenga un tiempo prudencial para debatir y aprobar el documento. Andina
Para el legislador, su grupo de trabajo debe proceder con esa medida ante la negativa de la jueza provisional, María Martínez, de entregar la información requerida por la comisión parlamentaria.
Precisó que su planteamiento se ampara en el artículo 202 de la Constitución, que establece que es el organismo constitucional el encargado de resolver los conflictos de competencias.
"Es un procedimiento constitucional que se sigue ante el Tribunal Constitucional para que este organismo disponga que este material sea entregado al Parlamento", manifestó.
Luizar refirió que las autoridades judiciales no han dado un argumento "sólido" para mantener el material y el proceso en reserva.
A juicio del legislador, se debería hacer pública la documentación hallada en BTR, pues, consideró que su revelación "no nos va a poner en dificultades".
Anotó que procesos de interés nacional como los seguidos al ex presidente, Alberto Fujimori, y a su ex asesor, Vladimiro Montesinos, fueron públicos e incluso fueron trasmitidos por televisión.
En otro momento, el parlamentario señaló que continúa indagando sobre la presunta participación de otras tres empresas en casos de "chuponeo", para lo cual ha solicitado información a los servicios de inteligencia.
Reafirmó que la comisión presentará en noviembre el informe sobre la investigación, a fin de que sea discutido por el pleno del Parlamento antes de que concluya la presente legislatura.
Indicó que si bien el grupo de trabajo tiene plazo hasta enero del próximo año, es necesario que la representación tenga un tiempo prudencial para debatir y aprobar el documento. Andina
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